“Aquí no hay justicia, los jueces están vendidos, los fiscales no nos atienden, con esto no vamos a revivir a nuestro difunto, estamos de manos atadas”, son algunas de las expresiones de los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, muy de moda en estos tiempos y atribuidos en su mayoría a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB.
Proiuris, organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, presentó este jueves un balance del trabajo realizado en cinco meses a través de su equipo legal.
Entre el 1º de mayo y el 31 de agosto reunieron 51 casos documentados, sobre la base de testimonios obtenidos en la morgue de Bello Monte, tomados de otras ongs, y seguimiento a través de los medios de comunicación social.
De estos solamente 30 permitieron establecer una comunicación con Proiuris, para contar su historia, tener asistencia jurídica o psicológica, pero a la hora de pedirles que acudieran a la oficina para recibir acompañamiento e ir a la Fiscalía General de la República a formalizar la denuncia, solo 9 aceptaron.
El día de la cita, llegaron solamente seis, porque tres se arrepintieron horas antes alegando que lo habían pensado mejor, que no les convenía, pero en síntesis, admitieron tener miedo.
De estos seis casos presentados en Derechos Fundamentales de la Fiscalía, en uno solo han designado un fiscal, y todos se encuentran en “etapa de investigación”.
El único caso que ha generado detenciones de funcionarios por ejecuciones extrajudiciales es el doble homicidio ocurrido el 6 de marzo, cuando funcionarios de las FES asesinaron al oficial de la Policía de Chacao, Eligio Duarte, y a su amigo y ex colega Fernando Lira, en Guarenas, cuando iban a reclamar el pago de 500 dólares que la esposa de Lira había comprado.
Los testigos vieron cuando Duarte y Lira eran arrodillados y ejecutados. Alexis Lira, abogado y ex policía, no ha descansado buscando justicia para su hermano y el amigo de este.
Hay siete policías presos, seis audiencias han sido diferidas, Alexis tiene una medida de protección por parte del mismo organismo cuestionado, los policías están recluidos en Caricuao pero el director de PoliBrión, uno de los acusados, está en libertad bajo presentación.
Los jóvenes abogados de Proiuris alientan a los familiares de las víctimas para que no se desanimen, pero hay poca receptividad en la Fiscalía General, y al verse en estado de indefensión, sumado al retardo procesal, la impunidad, sin acceso al expediente, se rinden al ver que hay denegación de justicia.
A María Gil le mataron a su hijo Leonidas Ordosgoiti el 7 de junio y ningún organismo le ha dado respuesta.
Ordosgoiti acababa de llegar de Colombia, a donde viajaba a comprar mercancía “pasaba el rio” y la traía para venderla.
Le quitaron el celular, más de 600 dólares, ropa, zapatos, documentos, y simularon un enfrentamiento.
La señora Gil ha rebajado 10 kilos en cuatro meses y está desconsolada.
-Al día de hoy los policías no han declarado, no vamos a lograr justicia, aunque la Fiscal Marbella Vargas ha trabajado, los jueces están vendidos y yo me quedé sola, mi casa está vacía.
 de la PNB.){kind=link}