Los sondeos dan una ventaja clara a los partidarios de abolir la excepción, con diferencias de más de diez puntos, y solo el alto número de indecisos -hasta una quinta parte- plantea cierta incertidumbre sobre el resultado.
Esta singularidad danesa se remonta a 1992, cuando la UE solo estaba formada por doce países y Dinamarca rechazó en referendo el tratado de Maastricht.
Para evitar un bloqueo danés al tratado, se realizó un año después una nueva consulta a medida, que sí fue aprobada, con excepciones para este país nórdico en cuatro áreas: unión monetaria y económica, defensa, cooperación policial y jurídica y ciudadanía, aunque esta última se considera intrascendente tras el tratado de Amsterdam.
La excepción en defensa supone que Dinamarca no puede participar en misiones militares de la UE -pero sí civiles- ni en discusiones ni negociaciones relacionadas con ese área, y le impide ser miembro de la Agencia de Defensa Europea y de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP).
Las consecuencias de ese modelo se han traducido en «una pérdida de influencia, cierto debilitamiento de la reputación y más zonas grises en los últimos años por la mayor cooperación europea en el desarrollo de la capacidad militar», explicó en un reciente encuentro con medios extranjeros Kristian Søby Kristensen, del Centro de Estudios Militares de la Universidad de Copenhague.
Pero los efectos prácticos han sido más modestos, sobre todo por el hecho de que Dinamarca es miembro de la OTAN desde su creación: de las once misiones militares de la UE a las que este país ha tenido que decir no por su excepción en defensa, ha participado aun así en más de la mitad, bajo bandera de la ONU, de la Alianza o con otro país, como ocurrió en Somalia y en Mali.
«Forma parte de la misma tendencia simbólica de que Dinamarca quiere participar de forma completa en la UE y quiere estar tan cerca como sea posible de su núcleo», sostiene Christine Nissen, del Instituto Danés de Estudios Internacionales.
La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, apuntó directamente al inicio de la intervención rusa cuando anunció el referendo el pasado 6 de marzo: «El mundo ha cambiado los últimos diez días. Hay una Europa antes y una Europa después del 24 de febrero», dijo entonces.
La convocatoria fue el resultado de un acuerdo en defensa entre cinco fuerzas políticas que representan casi tres cuartas partes del total del Parlamento y están a favor de eliminar la excepción en ese área, a lo que se oponen las fuerzas más a la derecha y a la izquierda de la Cámara.
Frederiksen ha insistido en la necesidad de estrechar la cooperación europea en defensa y de asumir «mayor responsabilidad» en la seguridad propia, aunque ha admitido también que la cuestión tiene un considerable carácter simbólico.
Junto a la guerra, Søby Kristensen apunta a otros dos factores como desencadenantes: el creciente «apetito» mostrado en los últimos años por el centroderecha danés para eliminar esa excepción y la decisión alemana de invertir más en defensa, que ha podido hacer «cambiar los cálculos» de Copenhague.
El histórico anuncio de las vecinas Suecia y Finlandia de romper con su histórico no alineamiento y solicitar el ingreso en la OTAN también ha podido influir en el Gobierno danés, que eliminando esa excepción conseguiría dar la imagen de que todos los países nórdicos han «normalizado» su relación en política de defensa con sus aliados.
Los reacios a cambiar el actual modelo han apelado al tradicional escepticismo danés hacia Bruselas y avisado del peligro que puede suponer para su soberanía la creación de un hipotético ejército europeo, lo que ha obligado al Gobierno a firmar un compromiso de que en caso de que eso suceda, sería necesario convocar un nuevo referendo en Dinamarca.
No ha sido la única rectificación del Ejecutivo socialdemócrata: al texto de la consulta se le añadieron finalmente las palabras «excepción» y «UE» tras las críticas generalizadas a una formulación algo ambigua.
La de mañana será la novena consulta relacionada con Europa que se celebra en Dinamarca y la tercera vez que una de las excepciones es sometida al voto popular: en las dos ocasiones anteriores, en 2000 sobre el euro y en 2015 sobre política jurídica, ganaron los partidarios de mantener el modelo.
Aunque el resultado parece claro, el Gobierno y sus aliados en esta cuestión han introducido un cambio respecto al anterior referendo de hace siete años: ya no será necesario que la opción mayoritaria represente al menos a un 30 % del electorado total.
){kind=link}