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El Ipasme esta en mora con la entrega de los productos del programa social, Mi Casa Bien Equipada. Foto cortesía Prensa del Comité Pro Defensa de Mi Casa Bien Equipada del Ipasme en el estado Carabobo.

Docentes carabobeños acusan al Instituto de Previsión Social del Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) de violar el artículo 117 de la Constitución por irregularidades en el Programa Mi Casa Bien Equipada, un programa social creado en el año 2010 por el presidente Hugo Chávez y extendido al magisterio en el año 2017.

Este consistió en principio en el equipamiento completo de hogares de múltiples de productos de la marca China Haier a precios solidarios, pero el personal del Ministerio de Educación, a diferencia de otros sectores, solo se le benefició con un (1) producto en vez de cinco (5).

En el año 2018, el Ipasme ofertó productos de línea blanca. En Carabobo, más de mil 200 afiliados cumplieron con los requisitos, quienes esperan por recibir neveras, aires acondicionados, cocinas y lavadoras. Hasta la fecha, el Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación tiene cuatro años y 26 días de mora con el magisterio carabobeño.

Una entrega que creó más descontento que alegría

Hace dos meses hubo una entrega de productos de Mi Casa Bien Equipada en el Ipasme Valencia. El acto contó con la presencia de la ministra Yelitze Santaella y los miembros de la Junta Administradora del ente. También asistieron diputados regionales, Aymará Aguiar,  directora de la Zona Educativa de Carabobo, y Geniber Cabrera, secretario de Educación de la Gobernación de Carabobo.

Para las altas autoridades del Ministerio de Educación y del Ipasme, la institución está “cumpliendo con el magisterio” carabobeño.

Para los afectados, el IPASME, como ente crediticio, viola el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que:

“Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes (…), así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y características de los productos y servicios que consumen; a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno”.

El profesor Edward Carrasco, denunciante de la situación ante la Fiscalía, manifestó que en las redes sociales el Ipasme «pintó un panorama con mensajes institucionales, dándole las gracias al presidente Nicolás Maduro de entregas simbólicas, que son más mentira que verdades. Lo cierto es que la mayoría de los afiliados no disponemos de los productos, podemos demostrar que la información brindada por la institución sigue siendo engañosa y el trato no es equitativo, ni tampoco digno».

Incumplimiento y omisión de la Junta Administradora del Ipasme

Los afectados se han dirigido por escrito ante la profesora Yesenia Lara De Lunar, presidenta del Ipasme, el resultado ha sido el silencio administrativo. Una situación de omisión, abstención y carencia que viola el artículo 51 de la Constitución, por no brindar respuesta oportuna, formal y por escrito.

Las peticiones formuladas sin respuestas son un Recurso Administrativo dirigido el 31 de marzo y una Queja y Reclamo. Esta última reposa en el escritorio de la presidenta del Ipasme desde el 28 de abril, conjuntamente con unas 450 firmas de los afectados.

Edward Carrasco afirma que consignó a la Fiscalía N.º 13 evidencias de que presuntamente el profesor Michael Reyes, secretario de la Junta Administradora del Ipasme benefició a particulares. “Como es sabido, la Constitución antepone el bien común (el interés general) al particular, pero la realidad de la entrega de hace dos meses resultó contraria a la constitución”.

Comité de Naguanagua denuncia privilegio de particulares

A última hora, la Junta Administradora del Ipasme detuvo la entrega de neveras prevista para los beneficiados del municipio Naguanagua después del acto simbólico con la Ministra de Educación.

La mayoría de los beneficiarios esperaba por sus neveras, no las recibieron, luego se enteraron de que de forma discreta algunos si recibieron neveras. Todo esto ocurrió, gracias a que funcionarios, valiéndose de la facilidad que les proporciona su condición de servidor público, favorecieron a unos en menoscabo del derecho de unos 80 afiliados.

Si los listados de las entregas los aprobó la Junta Administradora del Ipasme «¿cómo es qué se le niega a todos la entrega de productos, pero la excepción es alguien que tiene vínculos con el secretario de la Junta Administradora?», se preguntan con indignación los docentes, quienes nuevamente se sienten burlados.

De manera organizada, los docentes de Naguanagua asumieron gastos logísticos. Esos gastos logísticos debieron ir por cuenta de la institución, la cual maneja múltiples partidas de ingresos. Se pagó en divisas por concepto de traslado de producto desde la almacenadora en Los Guayos hasta el INCE de La Quizanda. Además, colaboraron como caleteros para la descarga de los productos, los organizaron en el lugar de recepción y cumplieron con labores de vigilancia.

Los beneficiarios de Naguanagua y San Joaquín hicieron ese desembolso y nadie responde. A los que se le están entregando lavadoras, no se les solicita dinero porque el pago lo hicieron otros. Mientras la queja y reclamos de los afiliados de San Joaquín y Naguanagua sigue sin respuesta.

Afectados confían en la Fiscalía

La Fiscalía N° 13 del estado Carabobo lleva adelantada una serie de actuaciones de los casos en que presuntamente en el Ipasme dio ilegalmente los productos de Mi Casa Bien Equipada a personas distintas a los beneficiados. Esta denuncia corresponde a irregularidades ocurridas en la gestión del profesor Mitiliano Gavidea, ex Director Administrativo del instituto en Valencia.

Las víctimas corresponden a los municipios de Carlos Arvelo, Libertador, Valencia, Naguanagua, San Diego y San Joaquín. En estos casos se encuentra personal activo y jubilado. Algunos con “Cambio de Modalidad de Pago” por presunto abandono de cargo y otros con renuncia.

Se espera que el Fiscal General de la República designe a un fiscal con competencia nacional a los fines de darle mayor celeridad a la investigación, y que en los lapsos correspondientes se emita un “acto conclusivo” como ordena la Ley.

Es responsabilidad y obligación de la Junta Administradora la de “velar de que la gestión no incurra en ninguno de sus niveles en imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de la Ley”.

Esperan respuesta

El Comité Por Defensa de Mi Casa Bien Equipada de Carabobo le hace un llamado público a la Junta Administradora al diálogo, como también a sincerarse con los afiliados e informales la cantidad discriminada de productos disponibles en las almacenadoras de Valencia y cuál es el faltante si lo hubiera.

El exhorto es a que conjuntamente con todos los voceros municipales y la Dirección Administrativa del Ipasme Valencia se establezcan los cronogramas de entrega parroquial y municipal de los productos de Mi Casa Bien Equipada para todos los beneficiarios y se hagan públicos los listados, obedeciendo a la transparencia y la rectitud.

En caso de no recibir respuesta satisfactoria del ente, se ejercerán las acciones legales y de protesta necesarias hasta lograr la solución de este conflicto.

Nota de Prensa.




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