Si el Fiscal Karim Khan supiera cuales son los sueldos y salarios que devengan los funcionarios del sistema de justicia en Venezuela no tendría que indagar más nada sobre el planteamiento del gobierno de Maduro de que se les permita realizar por sus propios medios internos, por sus propios fiscales, por sus propios jueces (que es lo que se denomina “complementariedad positiva”) las investigaciones.
Un Fiscal del Ministerio Público a quien corresponde las labores de dirigir la investigación de los hechos punibles, así como también el ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos, actualmente tiene asignado un sueldo en bolívares equivalentes a 108 dólares mensuales.
Los jueces de primera instancia en lo penal, que los hay de tres tipos: Control, Juicio y Ejecución, tienen asignado un sueldo mensual en bolívares equivalentes a 180 dólares mensuales.
El personal de estos tribuales que lo componen Secretario(a) y Alguacil reciben un salario de 100 dólares por mes.
Los jueces de Cortes Superiores o de Apelación tienen asignado un salario mensual de 240 dólares mensuales.
Estos son los sueldos de los jueces penales y los fiscales del ministerio público en Venezuela, un país donde la canasta básica, los insumos mínimos para una familia alcanza a 300 dólares al mes, o sea que estos funcionarios, con esos sueldos no pueden sostenerse, ni dar comida a sus familias, ni cubrir otras necesidades básicas como el pago de servicios públicos, gastos médicos, etc.
¿PORQUÉ ESTÁN EN ESOS CARGOS?
¿Qué puede motivar a los 2.200 jueces y a los otros tanto fiscales que hay en Venezuela a ocupar esos cargos y percibir esos ridículos salarios? ¿cómo viven? ¿de dónde obtienen el dinero?
Con estos sueldos asignados a los encargados de investigar y juzgar los hechos delictivos no se puede vivir, mantener a sus familias, llevar una vida digna, eso es un estímulo para la corrupción, para la ineficacia. Por esto es que esos cargos no están ocupados por profesionales preparados, honestos, independientes, salvo rarísimas excepciones. Allí lo que hay son personas que ocultamente reciben dinero del gobierno (algunos) para tenerlos a su disposición, o de los particulares interesados que compran sus actos. Ese poder judicial, ese ministerio público son una amenaza para la sociedad, solo quienes pagan el servicio lo obtienen teniendo o no la razón, y en los casos donde se involucra la política esa razón solo la obtiene el gobierno, y en aquellos otros donde hay grandes intereses económicos lo que priva son las grandes coimas.
HAN CREADO UNA ESTRUCTURA PARALELA A LA LEGAL
Ante esa precariedad de sueldos y salarios, la administración de justicia se ha deslizado hacia la corrupción que cada vez es más descarada, por ejemplo , en materia penal operan unos denominados “Circuitos Judiciales”, cuya presidencia se la asignan a uno de los jueces superiores de cada estado, al mas fuertemente “enchufado”, y esos jefes de Circuito actúan como una alcabala. Por ejemplo, cuando un juez de primera instancia obrando dentro de sus atribuciones acuerda la libertad de un reo, esa orden no se puede ejecutar sin autorización de dicha presidencia del Circuito. Allí debe ir la persona interesada y pagar la tarifa extra legalmente establecida para que se ejecute la orden. Esto viene ocurriendo en la generalidad de las Circunscripciones Judiciales del país como lo denunciamos en anterior artículo respecto al estado Aragua citando el caso de un juez de apellido Abello, un coronel retirado al que dieron ese cargo, y quien a pesar del miserable sueldo de 240 dólares mensuales que tiene asignado vive ostentosamente, carros de lujo, choferes, guardaespaldas y hasta se compró una panadería en Valencia. Un total descaro que impunemente opera a la vista de toda la ciudadanía que escandalizada observa.
COMO SON DESIGNADOS
Y como complemento a lo anterior tenemos que a esos cargos se accede por simples nombramientos sin otro requisito más que la disposición a cumplir órdenes. No hay exigencias curriculares, ni existen concursos reales para medir la capacidad profesional de estos funcionarios, ni sus antecedentes, simplemente son empleados que cumplen órdenes a cambio de licencias para vender sus actos. Esta es la dura realidad del sistema judicial que tenemos en el país.
Y no solo es que a estos “jueces” los designan de esa manera caprichosa, sino que, de la misma manera, sin procedimiento alguno los destituyen, eso está a cargo de un organismo fantasma, no creado con base a ley ni a constitución denominado “Comisión Judicial”.
Pasa lo mismo con los fiscales del Ministerio Público
LA INDEPENDENCIA FINANCIERA DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público antes tenía libertad en su administración presupuestaria a los fines de garantizar su independencia tal y como corresponde conforme al dictado legal y constitucional, pero este gobierno de Maduro acabó con eso, descaradamente asumió esas funciones a través de la Oficina Nacional de Presupuesto -ONAPRE- dependiente de la presidencia de la república. Es el Ejecutivo el que administra el presupuesto del Ministerio Público y es el que paga sus salarios eliminando con ello cualquier rasgo de independencia en sus actividades. Es así como los sueldos de los fiscales dependen de Nicolás Maduro.
Podemos imaginar la independencia de esos funcionarios a la hora de ordenar y dirigir la investigación de la perpetración de hechos punibles, así como para ejercer la acción penal en nombre del Estado para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos civiles o militares a que se les faculta en el artículo 285 constitucional.
EL GOBIERNO DE MADURO USURPA ESA FUNCIÓN PATRONAL
Y es que el gobierno de Maduro asumió arbitrariamente esa función patronal sobre el Ministerio Público desde la gestión de su fiscal Tarek William Saab pues antes ese asunto se manejaba con cierta independencia conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público: “El Ministerio Público es independiente de todos los Poderes Públicos, y goza de autonomía funcional, organizativa, presupuestaria, financiera y administrativa. En consecuencia, no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus atribuciones por ninguna autoridad”.
Resulta obvio el sentido de la señalada usurpación de funciones del gobierno de Maduro en cuanto al manejo del presupuesto de donde salen los sueldos y salarios, de los fiscales, simplemente el gobiernose asegura elcontrol de dicho mecanismo.
En Venezuela no hay, no existe un poder judicial, ni un ministerio público con capacidad, con probidad, ni con independencia para tramitar la investigación y el castigo por los crímenes que se han denunciado por ante la Corte Penal Internacional.
Señor Dr. Karim Khan, dentro de los trámites del Memorándum de Entendimiento (MoU) que usted firmó en Caracas con Nicolás Maduro, por favor pídale que le suministre la tabla de salarios de jueces y fiscales de Venezuela, así como el listado de las personas que ocupan esos cargos, sus currículos y descripción del trámite para su nombramiento.
Para corroborar lo aquí expuesto ver Informe AEQUITAS sobre la independencia del poder judicial (Examen periódico universal)
Haz clic para acceder a AEQUITAS-spa.pdf
También este minucioso reportaje:
…seguimos
Carlos Ramírez López @CarlosRamirezL3
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