El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció este jueves sanciones económicas contra un traficante de drogas ecuatoriano y otro mexicano vinculados al cartel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó en un comunicado.
EE.UU. acusa al ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán y al mexicano Miguel Ángel Valdez Ruiz de contribuir materialmente a las actividades ilegales de estos dos carteles para introducir cocaína en el país norteamericano.
En concreto, a Sánchez Farfán se le acusa de ser uno de los principales suministradores de cocaína del Cartel de Sinaloa, al que hace llegar la mercancía desde su sede de Guayaquil, en Ecuador.
La organización que dirige Sánchez Farfán fabrica la droga en laboratorios del sur de Colombia, desde los cuales la transporta a Ecuador y desde ese país se envían por tierra, mar y aire a través de Centroamérica hasta México, según el Departamento del Tesoro estadounidense.
Vinculados al cartel de Sinaloa
El Gobierno de EE.UU. tildó a Sánchez Farfán de ser «uno de los traficantes de droga más relevantes del mundo a día de hoy» y también lo acusó de haber enviado a representantes de su organización a México para establecer una «relación de trabajo» con el Cartel de Jalisco Nueva Generación.
En cuanto a Valdez Ruiz, el Departamento del Tesoro de EE.UU. explicó que es un traficante de drogas que se radicó en Culiacán (Sinaloa, México) que importa cocaína desde Ecuador a través de la organización de Sánchez Farfán.
El mexicano actúa como intermediario entre Sánchez Farfán e Ismael Zambada García, uno de los líderes del Cartel de Sinaloa y con quien Valdez Ruiz tiene contacto directo.
El traficante mexicano usa su flota de avionetas privadas para transportar la cocaína desde Ecuador a Sinaloa y se coordina con sus socios en las ciudades mexicanas de Mexicali, Ensenada y Tijuana para transportar esa mercancía hasta Estados Unidos.
Tanto Sánchez Farfán como Valdez Ruiz son fugitivos de la Justicia estadounidense.
Las sanciones emitidas por el Tesoro implican que todas las propiedades de los afectados en territorio estadounidense pasan a estar bloqueadas y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses mantener transacciones comerciales con ellos.
