No es poco lo que está en riesgo. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que integran el Grupo Interdisciplinario de la Emergencia Humanitaria Compleja en Carabobo alertaron que su trabajo a favor de las poblaciones más vulnerables podría verse comprometido ante la amenaza de la aplicación de una regulación impulsada por la administración de Nicolás Maduro, que los obliga a revelar datos sensibles, como sus listas de donantes y beneficiarios.
Se trata de la providencia administrativa N° 001-2021 para el registro unificado y obligatorio de las ONG que brindan servicio humanitario en el país ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial 42.098 del 30 de marzo de este año, detalló este martes 20 de abril el presidente de la fundación Mavid Carabobo, Eduardo Franco.
A juicio su juicio, esto constituye un acto inconstitucional, de extralimitación legal y grave quebrantamiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, que son de obligatorio cumplimiento por el Estado venezolano.
En nombre de las más de 113 ONG basadas en la entidad carabobeña, el Grupo Interdisciplinario regional rechazó categóricamente la implementación de la providencia y exigió su inmediata derogación, por tratarse de un instrumento que socava la operatividad y sostenibilidad de todas las organizaciones sin fines de lucro: desde aquellas que regalan arepas en sectores empobrecidos, hasta las que reciben financiamiento internacional para beneficiar a pacientes con enfermedades de alto costo, como el cáncer.
“El gobierno pretende con una normativa de rango sub legal profundizar la persecución y el hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil, desconociendo la existencia de las normas constitucionales, leyes y resoluciones que protegen y regulan las actividades de las organizaciones conformadas sin fines de lucro y su carácter de libre asociación, autonomía e independencia”, dijo Franco.
La no adhesión de las ONG a este mecanismo legal, que el gobierno sacó bajo la manga como un nuevo mecanismo de control, implica la aplicación de sanciones abiertas por presuntos delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Por ejemplo, multas, prisión y revocación de las credenciales para realizar actividades humanitarias en territorio venezolano.
“Esta providencia impone a las organizaciones la obligación de registrarse para la vigilancia y supervisión de sus fines en actas constitutivas y de asamblea, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros y lista de todos sus beneficiarios”, expuso la doctora Leyla Ortiz, directora del capítulo Carabobo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela.
Al establecerse la posibilidad de ilegalización a las organizaciones e incluso cárcel para los actores humanitarios, agregó Ortiz, se pone en riesgo la acción de miles de ONG que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población, en un momento en que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humano.
La presidenta de la ONG Padres Organizados de Venezuela, Adelba Taffin, reiteró que están bajo amenaza los derechos de protección, asistencia, confidencialidad y privacidad de los beneficiarios, ya que la providencia obliga a las organizaciones a revelar datos que pueden poner en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano.
“Viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad, al someter a todas las organizaciones de la sociedad civil a un registro bajo el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos, legitimación de capitales y terrorismo”, sentenció. Para la vocera, la medida implica la desnaturalización de ese principio porque las autoridades “suponen que nos dedicamos al financiamiento del terrorismo y al lavado de capitales”.
“Exigimos la derogación inmediata y el cese por completo de las políticas de criminalización y persecución, que cercenan el derecho de la sociedad civil a contribuir en las soluciones de los complejos problemas de nuestro país, que demandan una apertura y fortalecimiento del espacio cívico”, manifestó Luis Rodríguez Táriba, presidenta de Funcamama y coordinadora del Grupo Interdisciplinario.
