El Gobierno de Filipinas aseguró hoy que los capos de la droga del país usan como herramientas a las organizaciones de defensa de los derechos humanos críticas con la guerra antidroga del presidente Rodrigo Duterte, que ha ocasionado mas de 7.000 muertos.

“No descartamos que algunos grupos de derechos humanos se hayan convertido de forma inconsciente en herramientas de los capos de la droga para obstaculizar los avances realizados por la administración”, dijo el portavoz del presidente, Harry Roque, en un comunicado.

La campaña contra el narcotráfico, iniciada por Duterte a su llegada al poder en junio de 2016, ha causado más de 4.000 muertos a manos de la policía, según los últimos datos oficiales, y al menos otros 3.000 a manos de patrullas vecinales.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones filipinas e internacionales han denunciado violaciones de derechos humanos en esta campaña y han exigido detenerla, depurar responsabilidades y juzgar a Duterte en la Corte Penal Internacional (CPI).

Sin citar nombres específicos de organizaciones, Roque lamentó que los ataques contra la guerra antidroga hayan sido salvajes e incesantes desde que el presidente asumió el poder y dio carta blanca a la policía para acabar con las vidas de presuntos traficantes de drogas.

El portavoz del presidente señaló, sin aportar pruebas concretas, que para continuar y prosperar en su negocio, los narcotraficantes pueden usar fácilmente su dinero obtenido de la droga para financiar los esfuerzos de desestabilización contra el gobierno.

También criticó que las ONG internacionales hayan ofrecido datos no avalados por una investigación legítima y científica, como por ejemplo los más de 13.000 muertos que HRW atribuye a la campaña y que se considera una cifra excesiva al ser similar al total de homicidios en el país.

El portavoz defendió asimismo que las mafias del narcotráfico han perdido miles de millones de dólares gracias a la campaña antidroga, en la que se han incautado laboratorios de estupefacientes y se han detenido a decenas de miles de sospechosos.

Aproximadamente un 90% de los filipinos apoya la guerra contra las drogas, mientras un 80% simpatiza con Duterte, según las últimas encuestas.

El mandatario anunció recientemente que Filipinas abandonará la CPI, después de que el tribunal internacional se planteara investigar sus presuntas violaciones de derechos humanos a instancias de las citadas ONG y de la denuncia concreta de un particular.




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