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Ya no hay pasos apurados. La presión de marcar la hora de entrada a tiempo no existe. Por los pasillos se camina con calma, algunos en grupo, pero la mayoría anda en solitario. Como Juan Solís. Él ya no tiene ánimo para chistes, solo deambula por las líneas de producción en las que estuvo activo por más de 20 años recordando el récord de manufactura que logró junto a su equipo, las celebraciones por la salida de una nueva pieza e  incluso la lesión en su mano derecha que tuvo por descuidado. Lo hace hasta llegar al comedor, el único departamento en funcionamiento en la empresa a la que va a diario la nómina de más de mil trabajadores solo por un plato de comida. La producción está paralizada, y ellos en suspensión laboral.

Es una figura relativamente nueva. Existe desde 2012 con la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y ha sido empleada por la mayoría de las empresas del país en medio de la más aguda crisis económica y de fallas en el suministro de insumos que les ha tocado enfrentar. El apartado “h” del artículo 94 indica que se puede recurrir a la activación de ese mecanismo cuando se den casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal de las labores.

“Solo cobran sueldo básico y sabemos que no les alcanza para los gastos elementales de la familia”

Setenta por ciento de las compañías manufactureras, de la agroindustria y del sector del comercio y los servicios ha aplicado la suspensión laboral de parte de su personal, al menos en alguna ocasión desde 2015. No tienen otra opción. Con los inventarios de insumos vacíos, y sin la posibilidad de reponerlos, la nómina es enviada a sus casas.

La fábrica de autopartes a la que aún va de lunes a viernes Solís no es la única que mantiene el comedor como única área operativa. La mitad de las empresas que tienen su producción paralizada asumieron esa medida como un beneficio irrenunciable a sus trabajadores. “Solo cobran sueldo básico y sabemos que no les alcanza para los gastos elementales de la familia. Lo menos que podemos hacer es sacrificar aún más nuestras finanzas y darles una comida al día”, reveló uno de los gerentes de la firma que ha mantenido sus máquinas apagadas desde finales de 2015.

Infografía: Alfredo Flores
Infografía: Alfredo Flores

 

CARABOBO LÍDER

Tener el calificativo de capital industrial del país no siempre ha sido positivo para Carabobo. No en tiempos de crisis. El estado lidera la lista de más casos de suspensiones laborales de Venezuela con 55 mil, de acuerdo con Damiano Del Vescovo, presidente de Fedecámaras. 9% de esa cifra se corresponde a las pequeñas y medianas industrias que son las que más empleos generan en la región.

21 mil empresas en total han aplicado la medida al menos una vez desde 2015 en la entidad. Equivale al 70% de las 30 mil que aún funcionan de manera intermitente por las constantes fallas en el suministro de materias primas. Algunas de ellas han prolongado hasta por casi un año su inactividad, y se cuentan un poco más de cinco mil trabajadores que también están en sus casas, pero cuyos casos no pasaron por el ministerio ni la inspectoría al darse en previo acuerdo con sus patronos. Detrás de Carabobo prosiguen la lista: Aragua, Miranda, Zulia y Lara.

21 mil empresas en total han aplicado la medida al menos una vez desde 2015 en Carabobo

Las suspensiones laborales son un derecho legal. Pero la crisis económica y la falta de políticas gubernamentales para solucionarla, han desencadenado un problema adicional: La informalidad. Quienes se deben separar de sus puestos consiguen en la improvisación de un negocio la manera de ser productivos. Seis millones de venezolanos lo están haciendo, mientras que en Carabobo la cifra asciende los 150 mil.

 

PREÁMBULO DEL DESEMPLEO

Luis Carlos España ha contado cada uno de los días. Lo ha hecho de manera regresiva. Sabe que para el viernes 2 de diciembre le restan solo dos semanas de incertidumbre. Al menos la inestabilidad se acabará, aunque se convierta en un problema aún mayor: “Quizás quede sin trabajo, pero al menos sabré qué pasará conmigo”.

Son 60 días los que la LOT da a las empresas del país para que normalicen su situación de crisis una vez aplicada la suspensión, que puede afectar parcial o totalmente la nómina. Se trata de dos meses en los que en muchos casos la recuperación no es efectiva y el desempleo se acrecienta.

Desde 2015 se han perdido en el país más de 500 mil empleos, según datos de Froilán Barrios, presidente del Movimiento Laborista y coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess). De ese número, la mitad estuvo antes de su cesantía en suspensión laboral.

 

SUICIDIO LEGAL

En 2012 los aplausos y las ovaciones acompañaron la firma. El presidente Hugo Chávez con bolígrafo tinta roja en mano lo hizo. Fue el 30 de abril de ese año. Justo un día antes de conmemorarse el Día del Trabajador. “Este es un regalo para todos ustedes producto de un largo proceso de luchas y batallas, pero, también de ese proceso, que es necesario continuar dando, de depuración interna de la revolución socialista, de la revolución bolivariana”, expresó en el acto desarrollado desde Miraflores, en el mismo sitio donde cuatro años después el actual mandatario ha cuestionado que se apliquen mecanismos contemplados en ese instrumento.

“es imposible que se ejecute sin la aprobación del Ministerio del Trabajo. Lo que hicieron fue un suicidio legal”

Para el Gobierno, las suspensiones laborales se utilizan en muchos casos como excusa para salir de un grupo importante de personal. “Pero es imposible que se ejecute sin la aprobación del Ministerio del Trabajo. Lo que hicieron fue un suicidio legal”, aclaró Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete).

Sucede con frecuencia. El caso Polar es uno de los más emblemáticos. Al quedarse sin un gramo de cebada malteada el 29 de abril se apagaron las líneas de producción en Los Cortijos, Modelo, Oriente y San Joaquín, los cuatro centros de producción de la empresa cervecera más grande del país. Más de cinco mil trabajadores fueron enviados a sus casas. El 6 de julio se reactivaron en 80% solo las  plantas ubicadas en Carabobo y Zulia, el resto del personal sigue en suspensión. Todo debidamente avalado ante el ministerio, pero no ha sido suficiente para frenar las inspecciones y las vocerías en contra de la empresa.

 

BENEFICIOS PROTESTADOS

A Juan Solís lo han invitado en varias oportunidades a la Inspectoría César Pipo Arteaga de Valencia a protestar. No ha ido nunca. Él prefiere mantenerse bajo perfil. Pero hay un grupo de compañeros de la empresa de la que aún es parte, y de las otras que integran ese 70% que ha mandado a su personal a casa, que se le ha visto en las puertas de la oficina regional del ministerio con pancartas y gritando consignas previamente memorizadas para pedir la restitución de sus beneficios.

Pero la ley es clara. El patrono durante la suspensión no está en la obligación de cancelar ningún tipo de salario. Aun así, la mayoría paga sueldo básico y, en algunos casos, hasta bono de alimentación. Quedan excluidas las bonificaciones por productividad y por trabajo en horas nocturnas o extras.

A Solís eso no le importa. Él sigue asistiendo a diario a la planta. Mira a un lado y a otro de las líneas de manufactura y recuerda todo lo que sabe hacer en esas máquinas apagadas. Al entrar a la empresa solo piensa que ganó un día más lejos de la informalidad, y que aseguró otro plato de comida, pero siente temor con frecuencia. No sabe cuándo le llegará la carta de suspensión definitiva de la relación laboral, solo porque el Gobierno no pudo aplicar políticas efectivas para garantizar la productividad.




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