“La salud tiene un contenido social preferente y abarca todos los planos del pacto social constitutivo de una sociedad” F. J. Contreras

La concepción y adopción de decisiones en salud pública (SP) es un proceso que implica que los gobiernos puedan responder continuamente a las circunstancias cambiantes, anticipando las amenazas emergentes e identificando formas para controlarlas. La capacidad exigida de los sistemas en SP para ofrecer tales respuestas de control es decididamente insuficiente en muchos países (como el caso de Venezuela, que el régimen está solicitando al pueblo soberano su opinión sobre la decisión que haya que adoptar respecto de las acciones de bioseguridad contra la proliferación de casos de Ecovi-19), siendo necesario resaltar que el proceso de tal clase de determinaciones debe fortalecerse con métodos basados en la evidencia científica.

Lo clave en los procesos de Medicina Basada en la Evidencia (MBE) es: convertir las necesidades de información en preguntas que puedan ser respondidas.

Se ha identificado una variedad de métodos para el reporte, medición y calificación de la evidencia y la aplicabilidad de estas herramientas en el marco de la SP. Últimamente, se ha venido utilizando el instrumento “Calificación de la evaluación, desarrollo y evaluación de recomendaciones” -denominado GRADE (de las siglas en inglés de: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation)- que ha sido sugerido actualmente en las Guías de la Organización Mundial de la Salud y está siendo adoptado por organizaciones influyentes internacionales.

La SP basada en la evidencia puede ser definida según la 696 REVISTA DE SALUD PÚBLICA, Volumen 15 (5), Octubre 2013 como: “la integración de la mejor evidencia disponible con el conocimiento y juicios de parte de los actores y expertos considerados para el beneficio de las necesidades de la población. Los datos de estudios observacionales, vigilancia y modelación, juegan un papel importante como base de evidencia en SP en el campo de enfermedades infecciosas”.

Todos los componentes mencionados en el párrafo anterior deben ser elementos que deben ser tomados en cuenta para el diagnóstico-análisis de las investigaciones, así como también para identificar las mejores opciones de decisión para concebir y adoptar la mejor solución posible y -en este proceso- la asertividad permite poder exponer claramente los deseos, valores y decisiones, implicando la habilidad de saber decir “No” o “Sí”, de acuerdo con lo que verdaderamente se requiere, comunicándolo de una manera libre, clara y sencilla, en el momento justo y a la persona indicada.

En los escenarios de los entornos de SP, prevalecen las condiciones de incertidumbre y complejidad, los cuales deben ser analizados por verdaderos expertos en dicha área del conocimiento y que hayan desarrollado una alta competencia en el análisis de problemas y su adopción de decisiones de alto impacto como lo son todas en SP, pues la salud y la vida de millones está comprometida.

Basado en las ideas y conceptos expresados en los párrafos anteriores, surgen -entre otras- las siguientes inquietudes: ¿Cómo catalogar el acto de pedir al «pueblo» su opinión acerca de un tema eminentemente científico? ¿Es el “pueblo soberano” actor y experto para concebir y adoptar las decisiones más asertivas en materia de SP?

¿Es correcto expresar que quienes ostentan el poder político del país son irresponsables por cuanto han delegado en el pueblo una responsabilidad decisoria para la que no está en capacidad de ejecutarla con garantía de éxito, sino con un alto riesgo? Si la respuesta es afirmativa equivale a decir que los del poder político nacional son menores de edad o que son locos, pues… solamente los menores y los locos son irresponsables por las consecuencias de sus actos (por acción, omisión, impericia y/o negligencia). Acaso, ¿son menores de edad o locos los que ocupan los cargos del poder público en Venezuela? Si la respuesta es no, entonces deben responder por las consecuencias de sus actos.

Con base en lo anterior, ¿es correcto expresar que todos los demás personajes del entramado social son irresponsables o son responsables de las consecuencias de sus actos?

El proceso de concepción, adopción e implementación de decisiones de esta categoría, en las que la salud y la vida de millones están en juego, no es de las que se consulta a quienes no tienen el conocimiento especialísimo que éstas exigen.

Basta ya de tanta demagogia y populismo insensato. Acciones como la considerada aquí son las que ponen en evidencia la palurda estructura política de quienes osan consultar estos asuntos al «pueblo soberano»: ¡vaya disparate, tronco de morisqueta! Cada vez más queda clarísima la condición de quienes proceden así; de aquí la súplica de que ¡Dios perdone al pueblo, pues… a ésos… no: son -de antemano- responsables de lo que devendrá..!

Tales decisiones sólo se hacen con base en el saber científico-epidemiológico que se logra mediante una formación académica formal en Ciencias de la Salud y con cursos y especialización en SP: no se consulta a quienes ignoran de eso. ¿Quién será responsable de semejante disparate; acaso es una maniobra para «exculparse» luego ante la debacle que se avizora y argumentar que fue una decisión implementada por voluntad «del soberano»?

No es un fenómeno que sea etiquetable como de «irresponsables», pues sólo son así los menores de edad y los locos (orates), no siendo un adjetivo atañible a quienes usurpan tiránicamente el poder político apuntalado por «n» fuerzas.

¿Cómo dejar una decisión -cuyo impacto puede afectar a millones de habitantes- en manos de quien no ha estudiado Medicina y -por ende- tampoco sabe de Epidemiología?

Este tipo de decisiones e implementaciones únicamente debe ser asumida por un equipo interdisciplinario conformado por especialistas en Medicina, Epidemiología, Inmunología, Antropología, Psicología Social, Comunicación Social (ya que hasta la información acerca de ello debe ser modelada adecuadamente).

El solo hecho de expresar que preguntará al pueblo acerca de si está -o: no- de acuerdo con modificar o suspender el supuesto «modelo perfecto de 7 días de relajo y 7 días de aislamiento social (radical)” que no se ha cumplido debidamente (por incapacidad de quienes han de hacer que se respete lo decidido) hace ver varios asuntos: 1- que el 7×7 no es un modelo perfecto (de haberlo sido, no habrían las altas cifras de casos que se reportan diariamente; es decir: un fracaso por inobservancia); 2- que los organismos gubernamentales encargados de hacer que se cumpla tal esquema son incapaces de desempeñar cabalmente su misión; y 3- una macabra estrategia para endosar al «pueblo soberano» la culpa de lo que devendrá por una implementación demagógica y populista contraria a lo que están haciendo las autoridades sanitarias en otros países del mundo (que están intensificando el aislamiento personal y social ante la presencia de nuevas cepas «Delta» y «Lamda» del SARS-CoV2 que -por mutación viral- están presentándose acompañadas de casos clínicos de ECoVi-19 aparatosamente más complicados y con una tasa de mortalidad mayor que lo inicialmente ocurrido en la pandemia), máxime cuando se ha notificado que Rusia ha manifestado su incapacidad de hacer llegar las segundas dosis de la SputNik, lo cual sirvió de base para oficializar en Venezuela el aumento del intervalo para su reaplicación (no plataformado en la aplicación del método científico de René Descartes: otro disparate procedimental).




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