El Gobierno y la oposición de Bolivia alistan movilizaciones a favor y en contra de la reelección del presidente Evo Morales para el próximo 21 febrero, aniversario del referendo del 2016 en el que un 51,3 % de los bolivianos rechazó cambiar la Constitución para que sea otra vez candidato en 2019.
Organizaciones sociales afines al Gobierno, con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) a la cabeza, han convocado para el 21 de febrero manifestaciones en las capitales departamentales del país y ciudades intermedias, informó este martes el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada.
El viceministro agregó que esas manifestaciones serán pacíficas y evitarán las confrontaciones ante la posibilidad de que se crucen con las movilizaciones de los sectores opositores.
Varias asociaciones y colectivos ciudadanos contrarios a la repostulación del presidente, como «Me comprometo con Bolivia«, «Bolivia dice no» u «Otra izquierda es posible», han llamado a las protestas para la misma jornada.
Estas organizaciones postulan el respeto al resultados de la votación del 21 de febrero del 2016, que rechazó conceder a Morales una nueva habilitación para ser candidato en 2019.
Las manifestaciones de ambos sectores están motivadas por la decisión de Morales de insistir en esa postulación, después de que un congreso del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) decidiera promover en análisis de varias opciones para concretar ese objetivo.
Las vías contempladas son otro referéndum, la renuncia anticipada de Morales a este mandato o una consulta al Tribunal Constitucional.
El Gobierno y los sectores afines sostienen que el resultado del 21 de febrero del 2016 se debió a una supuesta campaña de difamación por parte de medios y la oposición sobre una antigua relación del presidente con su exnovia Gabriela Zapata, hoy en prisión.
Por su parte, diversos juristas sostienen que no existe una fórmula legal para lograr la habilitación de Morales a las presidenciales y las organizaciones opuestas a esa pretensión, así como opositores, consideran que al mandatario no acata el resultado de la consulta constitucional.
