La comunidad internacional tiene encendida las alarmas en cuanto a los derechos humanos. Desde el 2014 mantiene su mirada en las violaciones y arbitrariedades que se registran en Venezuela. Ante esto, dos grandes organismos multilaterales iniciaron procesos para investigar a Venezuela, este año.

En medio de los señalamientos y exhortos de organismos e instancias mundiales que han hecho al gobierno de Nicolás Maduro, por la crisis que atraviesa el país y la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y ahora la Organización Internacional del Trabajo abrieron averiguaciones: la primera, contra funcionarios del gobierno que podrían ser condenados y la otra contra el Estado venezolano que en tal caso debe adoptar una serie de recomendaciones.

En febrero, la CPI comenzó las experticias para determinar si durante 2017 se cometieron delitos de lesa humanidad en el país.

También en Honduras, pero en 2013, ese organismo realizó averiguaciones de este grado, pero no procedieron porque no demostraron el carácter sistemático de las violaciones, situación que en Venezuela sí, aseguró Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia.

En el caso de Venezuela, comprueban que existen indicios graves de que sí hubo delitos contra la humanidad de manera sistemática; no solo contra opositores sino contra sectores desfavorecidos. Ejemplo: Los 8 mil asesinatos de la Operación de Liberación de Pueblo.

Es tal la magnitud, que por primera vez la Organización de Estados Americanos designó un panel de expertos para evaluar la situación. Visualizan que desde 2014 el gobierno de Maduro ha cometido delitos de esa naturaleza.

En el informe que publicaron en mayo, recomendaron activar los mecanismos del Estatuto de Roma –del que Venezuela forma parte– para que la CPI comience una investigación relacionada con los asesinatos, arrestos arbitrarios y violaciones de los derechos humanos cometidos por funcionarios del gobierno.

Falso discurso

Como una paradoja, observan que un gobierno que se promulga como “socialista, humanista y obrerista” tenga encima dos investigaciones por violación de los tratados internacionales.

Y de acuerdo con la carta magna, tienen rango constitucional como por ejemplo los convenios de la OIT en materia de libertad sindical, fijación del salario y respeto a la negociación tripartita (entre el Estado, el empleado y la empresa), que llevaron a ese organismo por primera vez a realizar una investigación de esta naturaleza.

“Nicolás Maduro se ha autodenominado como un presidente obrerista y está bajo el procedimiento más alto de la OIT; además se niega a ocuparse de eso”, expresa Carlos Patiño, abogado y coordinador de exigibilidad de Provea.

Luego de la investigación, lo probable es que la OIT haga recomendaciones al Estado venezolano. Si incumple, el caso puede ir a la Corte Internacional de Justicia.

El gobierno ha cometido 180 violaciones a los derechos laborales contra empleados públicos en ocho estados del país, de acuerdo con el registro de la ONG Movimiento Vinotinto.

“La investigación de la OIT pone en evidencia que no es un presidente obrero. Por el contrario, en vez de defender los derechos de los trabajadores ha sido el que más los ha anulado”, expresó Daniels. Observa con suspicacia que el Gobierno de Maduro mantenga silencio ante estas dos inéditas investigaciones.

Con información de El Nacional

 

 

 




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