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Venezuela se está quedando sin habitantes. Propios y nacionalizados huyen de este territorio sudamericano que un día los vio nacer o los cobijó como hijos por largos años, pese a que nacieron en otras latitudes que se convirtieron en invivibles y le obligaron a emigrar a otras geografías, tal y como  hoy sucede en el país,  en los momentos actuales. La amenaza de convertir a la tierra de Bolívar en un Estado comunista, sin libertades ni garantías jurídicas y personales conforma el principal detonante usado por quienes detractan del Socialismo del Siglo XXI para escapar y pedir asilo en  naciones fronterizas o ubicadas en otros continentes.

Según cifras del banco Mundial, en 2015 salieron del país 655 mil 400 venezolanos, cifra que en 2016 y 2017 se ha incrementado considerablemente, pues España, hasta el 30 de septiembre de este año contabiliza 7 mil 400 peticiones de asilo de venezolanos, más que las solicitudes de los sirios, las cuales alcanzan a 3 mil 400, mientras que las de ucranios llegan a 1 mil 800 y la de los colombianos a 1 mil 700. En Estados Unidos, el Servicio de  Ciudadanía e Inmigración hasta el momento registra 15 mil 432 peticiones. Se espera que para el mes de diciembre, esa cifra supere las 18 mil 155 solicitudes.

Números que demuestran que en Venezuela no hay condiciones económicas, sociales y políticas para habitar con tranquilidad y dignidad. El hambre y la inseguridad conforman otros de las razones que tiene el venezolano para salir despavorido de su nación de origen, aunado a la desesperanza de acabar con el régimen autoritario de Nicolás Maduro, por cuanto como presidente de la República hoy se ha afianzado en el poder con 18 gobernaciones en las manos de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual es también presidente, y el manejo absoluto de varios poderes que deberían actuar con autonomía e imparcialidad.

Los 124 muertos, más los 5 mil detenidos y alrededor de 2 mil heridos durante los cuatro meses de protesta de los opositores venezolanos en contra de la falta de alimentos, medicinas y la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente por parte de la administración revolucionaria, dan cuenta de la forma antidemocrática que Nicolás Maduro ejerce el poder en este país, aunque la  Carta Magna vigente, en su artículo dos, establece que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

Un artículo al igual que tantos otros de la Constitución Nacional convertido en letra muerta por parte del máximo representante del poder ejecutivo nacional y demás poderes pegados a él. Los presos políticos encarcelados en la cárcel llamada La Tumba dan fe de que en Venezuela no se permite tener una ideología distinta a la del PSUV, como lo estipula la Constitución Nacional y que la democracia está agonizando con la represión física y psicológica hacia los opositores del gobierno, así como con la persecución y defenestración de más de una docena de alcaldes opositores de sus cargos,  aunque sólo podían revocarse a través del referendo revocatorio, porque fueron elegidos por medio de elecciones populares y no mediante el dedo de un alto dirigente político.

Ese accionar inconstitucional resquebraja la democracia y echa por tierra todos los avances tenidos en descentralización política, desde 1989, cuando se promulgó por primera vez la Ley de Elección y Remoción de Gobernadores y Alcaldes. Ramón Muchacho, alcalde electo del municipio Chacao, David Smolasky, burgomaestre de El Hatillo y otros tantos huyeron de este país, porque sobre ellos cayó la injusticia dictada por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales  los condenó a prisión y los inhabilito  políticamente por el simple hecho de haber permitido que los vecinos de los municipios que gobernaban protestaran en contra de la gestión de Nicolás Maduro y sus políticas pro comunistas y empobrecedoras.

Igual suerte corrió Alfredo Ramos, alcalde del municipio Iribarren del estado Lara, con la excepción de que no pudo huir y se encuentra privado de libertad en La Tumba, junto, por ejemplo, a Wilmer Azuaje, diputado por el estado Barinas, quien ilegalmente lo despojaron de su inmunidad parlamentaria y en ese lugar es torturado y vejado, sin considerar que es un ser humano merecedor de respeto, porque la ley lo asiste.

La huida más emblemática de los últimos días fue la realizada por el alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, quien fue defenestrado ilegalmente de su cargo y encarcelado cuan delincuente de alto riesgo a partir del 2015 y desde hace aproximadamente mil días  pagaba su injusta condena con la medida cautelar de casa por cárcel, desde donde se escapó de sus prisioneros hacia Colombia y desde allí hasta Madrid, España.

Su irreverencia hacia el gobierno, en pro de la defensa de la democracia le costó su libertad  y debilitó su salud física, pero no su salud mental, por cuanto antes de huir del país y ya en tierra española afirmó que el diálogo entre el gobierno y la oposición es una parodia, razón por la cual desaprobó el encuentro que se tiene planificado entre los personeros de la oposición y del gobierno en República Dominicana por considerar que los actores a participar en ese cónclave juegan a favor de la gestión de Nicolás Maduro.

Periodistas, médicos, ingenieros, enfermeras, educadoras, administradores, contadores, bachilleres, jubilados y otros venezolanos han huido y siguen huyendo del país, porque la revolución bolivariana acabó con el bienestar social y aunque el gobierno de Nicolás Maduro haga anualmente  cinco o más  aumentos salariales, la mayoría de la población se está muriendo de hambre, pues el salario mínimo es de 177 mil 507 bolívares más la cesta ticket de 279 mil bolívares, mientras que la canasta básica sobrepasó los 2 millones de bolívares, lo cual significa que mientras no se active el aparato productivo nacional y se frene la inflación no habrá sueldo que pueda cubrir el alto precio de los alimentos, cuando se consiguen. Hay 300 mil niños desnutridos en el país y el 85 por ciento de gente que no hace las tres comidas y que ha perdido peso y talla aceleradamente. Realidad que podría incrementarse, por cuanto ahora ni huevo podrá consumir la gran mayoría  de la población, pues el precio del cartón se ubica en 114 mil 400 bolívares,, mientras el de un pan francés es de 1 mil 500 bolívares.

Todas las condiciones son adversas para que el venezolano logre vivir con bienestar. No solo le es imposible  comer tres veces al día de manera balanceada, sino que tampoco tiene garantizada su vida, pues la delincuencia se ha incrementado. E igualmente, sus libertades públicas no están aseguradas, pues los comunistas son autoritarios y restringen el trajinar de los ciudadanos. Solo ellos hacen y deshacen.

 

 

 

 




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