La verdad medida de un hombre no es cómo se comporta en momentos de comodidad y conveniencia, sino cómo se mantiene en tiempos de controversia e incertidumbre”.
Martin Luther King Jr.
El transcurrir de las sociedades y la estabilidad de sus instituciones dependen, en gran medida, de la capacidad de sus líderes para gestionar dos variables fundamentales de la condición humana: la incertidumbre y el comportamiento.
En el tablero de la gestión pública, ignorar la precisión de estas definiciones no solamente es un error académico, sino un riesgo existencial para el “estado de derecho”.
La incertidumbre no es simplemente la falta de conocimiento (del presente, de lo que vendrá); es el estado de duda o imprevisibilidad que surge cuando la información es insuficiente para predecir un resultado.
Por su parte, el comportamiento es la manifestación externa de un proceso interno de procesamiento de esa incertidumbre, la respuesta observable ante los estímulos del entorno y las presiones de la realidad. Cuando la incertidumbre crece, el comportamiento tiende a volverse errático, a menos que existan marcos normativos sólidos que actúen como anclas.
La complejidad del proceso decisorio: del "estado 1" al "estado 2".
Toda decisión trascendental nace de una tensión entre dos realidades. Primero, se debe reconocer el "estado 1": lo real, lo presente, aquello que existe con toda su crudeza y limitaciones. Es el diagnóstico honesto de la situación actual. Sin embargo, la gestión no se detiene en la contemplación, sino que… ha de proyecta un "estado 2": lo debido, lo necesitado, lo conveniente.
El puente entre ambos estados es el proceso decisorio. Éste no es un simple ejercicio intelectual; entraña la concepción de una estrategia para transformar la realidad. Una vez que se concibe una decisión, ésta debe ser "adoptada" con la misma responsabilidad con la que se recibe a un huérfano para convertirlo en hijo propio. No basta con emitir un decreto o anunciar un rumbo; es imperativo asumir las consecuencias, los costos y las responsabilidades que deriven de su implementación.
Esta "adopción" exige una vigilancia constante. En la gestión de sistemas complejos, la precisión es la única garantía de éxito. Una desviación mínima al inicio de un proceso puede parecer insignificante, pero con el tiempo y la distancia, esa diferencia se amplía de forma exponencial.
La analogía del rumbo.
Pensemos en la reciente misión Artemis 2. Si el rumbo programado se hubiera desviado tan sólo un grado en su trayectoria hacia la Luna, el éxito de pasar por detrás del satélite y regresar a salvo a la Tierra habría sido imposible y con un destino errático en el vacío espacial.
En la política y el derecho, un grado de desviación respecto a la Constitución lleva, irremediablemente, a un destino indeseado e inimaginable.
El extravío jurídico y el vacío institucional.
Este rigor técnico en el proceso decisorio brilla por su ausencia cuando se analiza la crisis de institucionalidad que ocurre ante la incapacidad de un gobernante para proseguir al frente de sus funciones a más de 90 días de haberse creado tal situación. Cuando la Constitución Nacional establece con claridad meridiana los pasos a seguir ante la ausencia de quien ocupa el sitial supremo del poder ejecutivo, cualquier interpretación que se aleje de lo "escrito en blanco y negro" genera una incertidumbre tóxica.
Se observa con preocupación un fenómeno que es, en esencia, una señal de extravío respecto a la verdad jurídica: la figura de una "Presidente encargada de Venezuela" en lugar de una "encargada de la Presidencia de Venezuela". La diferencia no es semántica, es estructural.
Encargada de la Presidencia: refiere a la ocupación funcional de un puesto político, un rol administrativo y temporal limitado por la ley.
Presidente encargada de Venezuela: sugiere una suerte de personificación del Estado, un cargo que parece estar por encima de la función técnica que la Constitución le asigna.
Este error conceptual es el síntoma de un proceso que se ha salido de curso. Cuando una condición circunstancial de vacancia o incapacidad excede los noventa días sin que se activen los mecanismos de sucesión formal previstos, se entra en un escenario de peligroso vacío institucional. Es como dicen los médicos: “Es un síntoma, no es la enfermedad y ésta es lo verdaderamente necesario de ser erradicada”.
El costo de la incertidumbre en la gestión.
En el ejemplo mencionado acá, la falta de un pronunciamiento oficial, institucional y debidamente justificado sobre la sucesión formal no es una omisión menor; es el combustible que alimenta un comportamiento errático en todos los niveles del Estado. La incertidumbre institucional paraliza la inversión, erosiona la confianza ciudadana y debilita la soberanía.
Un proceso de gestión serio (de una familia, de un equipo de béisbol, de una corporación, etc.) no puede dar cabida a la ambigüedad. Lo esperable, lo ético y lo técnicamente correcto es proceder según lo asentado en el papel y la tinta.
Toca regresar al ejemplo: las normas constitucionales no son sugerencias; son la hoja de ruta de la misión nacional. Si se permite una desviación de "sólo un grado" del marco constitucional (ya sea por conveniencia política o por inacción (ésta última es realmente una manera de accionar), el resultado final no será el orden deseado en el "estado 2", sino un extravío en un destino que, como el de una nave espacial sin rumbo, solamente garantiza el aislamiento y el fracaso. La certidumbre es el primer requisito de la libertad; sin ella, el comportamiento de un país se reduce a una serie de reacciones espasmódicas ante una crisis que no sabe -o ¡no quiere!- resolver.
Esta concepción es válida para aplicar en cualquier escenario la lección que se aprende de lo planteado acá: siempre conviene tener presente -como “brújula- el plan formulado. ¡Hasta el final!
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