Foto cortesía de: AFP
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Mitzy Capriles de Ledezma, sostuvo un encuentro con Andrew Gilmour, alto funcionario de la Naciones Unidas en el que le expresó su preocupación por la poca cooperación que ha dado el Gobierno Nacional, para cumplir con las leyes y resoluciones que diferentes entes internacionales han ordenado, por las detenciones arbitrarias que se han realizado sobre ciertos políticos como su esposo, Antonio Ledezma.

La reunión sirvió también para dar a conocer la dramática situación de los presos políticos y la de miles de familias venezolanas que sufren hoy en día “una tremenda crisis no solamente económica, sino también humanitaria”.

Recordó que una de ellas ha sido la Resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se califica la detención de su esposo como arbitraria, exige su liberación inmediata y que debe dársele una reparación justa, integral, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, la orden hasta ahora no ha sido acatada por el gobierno de Nicolás Maduro.

La esposa del Mandatario Capitalino, agradeció el respaldo de la comunidad internacional y demás representantes que expresaron su solidaridad con Antonio Ledezma.
Durante el encuentro con Gilmour, Capriles de Ledezma conversó sobre las pruebas falsas con las cuales el gobierno de Maduro ha llevado adelante un juicio amañado contra la Segunda Autoridad Civil más importante de Caracas, un alcalde electo y reelecto que ya cumplió dos años injustamente preso. “No solo se vulnera su derecho, sino también el de cientos de venezolanos que lo eligieron”, precisó.

Cabe recordar, que el 8 de marzo del presente año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al gobierno venezolano liberar al Alcalde Antonio Ledezma, al dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López y al resto de los casi 105 presos que han sido encarcelados por el simple hecho de pensar distinto. Este nuevo requerimiento no proviene únicamente de los países a los que el gobierno de Nicolás Maduro ha considerado como acciones injerencistas, por el contrario, en esta oportunidad la exigencia es emanada por la máxima organización internacional que agrupa a 193 regiones.




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