En junio de 2023 la ciudadanía fue la más violentada en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión por parte del Estado venezolano entre un total de 16 casos y 42 tipos de violaciones, principalmente por intimidación y amenazas, informó este jueves, 6 de julio, la ONG Espacio Público.
20 de las 42 violaciones a la libertad de expresión que registramos fueron actos de intimidación, junto con ocho de amenaza, seis de hostigamiento judicial, cinco de censura, dos de hostigamiento verbal y una agresión.
Las principales víctimas en junio fueron personas particulares (11) y periodistas/reporteros (10) de un total de 28 víctimas contabilizadas, así como 11 detenciones por ejercer la libre expresión (ocho particulares y tres trabajadores públicos).
20 de los victimarios se relacionan directamente con el Estado: 10 cuerpos de seguridad, siete instituciones y tres funcionarios o funcionarias, junto con un grupo victimario afín al partido de gobierno.
Criminalización de la crítica ciudadana
El 15 de junio, el gobernador oficialista del estado Táchira (oeste), Freddy Bernal, amenazó con demandar en tribunales a quienes hagan “denuncias infundadas”, luego de que un dirigente opositor denunciara problemas e irregularidades en la entidad.
Bernal amenazó con demandar por “difamación e injuria” a quienes, según su criterio, hagan denuncias sin pruebas.
En el estado Mérida (oeste), el 18 de junio, fue detenido el productor agropecuario Ysnet Rodríguez luego de que se viralizara un video en el que arrojó alimentos a un río, a modo de protesta, por no conseguir combustible para trasladar y vender la mercancía desde las zonas productoras.
Rodríguez fue acusado de “boicot” por el Ministerio Público y de buscar “causar zozobra en la población”. En el video, el productor resaltó que quería que se hiciera viral para que llegara a alcaldes, gobernadores y al gobierno nacional para que vieran la situación que viven los agricultores con el combustible.
Dos días después, el 20 de junio, fue detenido un segundo agricultor por la misma razón. Jhojan Barazarte fue aprehendido y acusado de “boicot” por la Fiscalía por protestar ante la escasez de gasolina lanzando al río una cosecha de tomates en la población de Las Adjuntas, municipio Carache del estado Trujillo (oeste).
También en el estado Trujillo, específicamente en la ciudad capital de Valera, la ciudadana Mariana Barreto Falcón fue detenida el 14 de junio por denunciar irregularidades en el suministro de gasolina de una estación de servicio que pertenece a su familia.
La ciudadana fue acusada de “traición a la patria”, “boicot” y de vender gasolina a personas allegadas, hechos que desmintieron sus familiares y personas allegadas, ya que “ni administra ni trabaja en la bomba”. La tía de la víctima aseguró que Barreto reclamó la falta de gasolina y fue encarada por las autoridades, quienes la amenazaron.
Mientras que en Puerto Ordaz, estado Bolívar (sur), el Tribunal de Primera Instancia de Jucio del Trabajo decretó una medida cautelar que le restringe a 22 trabajadores y trabajadoras de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) su derecho al trabajo, huelga y libertad de expresión.
El tribunal ordenó a las personas mencionadas abstenerse de “promover situaciones de conflictos”, colocar afiches, grafitis, pancartas o “cualquier tipo de instrumentos de difusión” que pueda “incitar al odio” entre la comunidad laboral de SIDOR. Desde el 7 de junio, obreros y dirigentes sindicales paralizaron una planta de la empresa para exigir mejoras y el reenganche de trabajadores destituidos.
Ataques a periodistas
A inicios de junio, el periodista Manuel Ramirez denunció ante el Ministerio Público presuntos actos de hostigamiento y discriminación por parte de José Navarro, abogado y funcionario de la Vicepresidencia de la Comisión Nacional Antidrogas en el estado Amazonas (sur).
Ramírez es locutor de un programa radial que se transmite en Puerto Ayacucho, capital de la entidad, y en una de las emisiones comentó un escrito que circulaba por redes sociales en el que se involcuraba a Navarro en presunta estafa y extorsión. Luego de eso, comenzó a ser hostigado y acoso por parte del funcionario.
El 6 de junio, el alcalde del municipio Caroní del estado Bolívar (sur), Tito Oviedo, criticó el titular de una nota escrita por la periodista Pableysa Ostos en el portal La Patilla sobre el cierre de más de 400 empresas en Ciudad Guayana en el último semestre.
La crítica ocurrió mientras el alcalde ofrecía declaraciones en un encuentro con la prensa. Ostos señaló que Oviedo afirmó que no se debía titular así, sino con la entrega de licencias comerciales que ha hecho la Alcaldía en lo que va de año, hecho que podría ser intimidatorio y un intento por presionar para que la prensa resalta la versión oficial.
Ostos, junto con las y los periodistas Félix Requena, Rosangelys Bruces, Carlos Suniaga, Jhoalys Siverio, Stephane Hernández y el camarógrafo José Medina fueron intimidados y amenazados por un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras cubrían una protesta de trabajadores de SIDOR.
El hecho ocurrió el 12 de junio en Ciudad Guayana, estado Bolívar, y la marcha tuvo una fuerte presencia de funcionarios de la GNB, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Policía del estado Bolívar, con al menos tres piquetes. En uno de los piquetes, el comandante de la GNB ordenó quitarle el teléfono a las personas que grababan. De igual forma, los funcionarios amenazaron a la prensa al insinuar que estaban incitando a la alteración del orden público en SIDOR.
Mientras que a la periodista Anaisa Rodríguez usuarios de redes sociales afectos al oficialismo la intimidaron y hostigaron por publicar un video en su cuenta personal sobre el alto costo de la vida en el país.
El video era una pieza comunicacional de la Plataforma Unitaria, una coalición de partidos opositores con la que Rodríguez trabaja desde el equipo de comunicaciones. La periodista dijo que el 10 de junio, al revisar sus cuentas personales, vio que tenía varios mensajes en los que la atacaban y hostigaban, incluso compartiendo sus fotos y etiquetando a Diosdado Cabello.
El 14 de junio, la periodista Regina Freites, corresponsal de Qué Pasa en Venezuela, fue agredida por funcionarios de la Policía Municipal de Bermúdez, en la ciudad de Carúpano, estado Sucre (noreste), cuando cubría un incendio que se registró en un supermercado.
Freites estaba haciendo un paneo sobre las áreas donde estaban víveres y otros insumos del local cuando los efectivos policiales la tomaron por el brazo y le impidieron seguir grabando. Freites hizo la denuncia ante la Fiscalía 8 del Ministerio Público.
La periodista Claudia Clisánchez continúa siendo víctima de acusaciones anónimas en redes sociales por su labor periodística, con el propósito de dañar su reputación y la credibilidad de su oficio.
El último incidente ocurrió el 19 de junio, cuando las personas anónimas hicieron un video simulando una conversación de WhatsApp en la que la acusan de ser propietaria de una empresa publicitaria y de extorsionar personas con sus notas en el Correo del Caroní, medio en el que labora.
En el estado Táchira, la periodista Mayerlin Villanueva fue citada por el Ministerio Público el 27 de junio luego de que la vincularan con una noticia que publicó otro medio, a través de Instagram, en el que se exponía la identidad y datos personales de un adolescente. La noticia publicada por ese otro medio no guarda relación alguna con la periodista.
El acto de hostigamiento judicial a través de la aplicación de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna) evidencia la normalización de la judicialización de periodistas por lo que se publica en redes sociales donde la ciudadanía acusa a quienes buscan la información y tratan de responsabilizarles por las consecuencias.
En el Distrito Capital, la emisora más antigua del país, Radio Caracas Radio (RCR), anunció que cesó definitivamente sus transmisiones vía web el 30 de junio, luego de 93 años de labor ininterrumpida, por la imposibilidad económica de mantener las operaciones digitales.
RCR operaba solo en línea desde el 30 de abril de 2019, cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le negó la renovación de la concesión para operar su señal 750 AM. En años anteriores, la emisora fue sometida a una serie de hostigamientos y procedimientos administrativos por parte de Conatel.
Información de Espacio Público
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