Carlos Correa. (Cortesía)

El director de la Organización no Gubernamental Espacio Público (EP), Carlos Correa, aclaró que la polémica “Ley contra el Odio”, no es una ley, porque no la discutió ni aprobó la Asamblea Nacional que es a la que le corresponde hacer esa función.

El comunicador social y profesor universitario destacó que la Asamblea Nacional Constituyente no posee facultades para ello. “Así que esa “norma jurídica” no es una ley”.

Correa critica que esta presunta ley está siendo aplicada por funcionarios del gobierno sin experiencia en materia de libertad de expresión.

“Esto se trata de una aberración, porque está en clara contradicción con lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”, dijo.

Carlos Correa al analizar los alcances de esta norma en la Venezuela actual sostiene que con esta lo que se pretende es abusar de la figura de la penalización, asociada a los delitos de opinión, porque no persigue los actos de odio como tal, sino la expresión de odio, hace una definición vaga, genérica de los delitos o potenciales delitos y establece unas sanciones penales muy duras de entre 10 y 20 años de prisión.

“Entonces, por ejemplo, la expresión de odio sería castigada más fuertemente que un homicidio asociado al odio”, remarcó.

El director de Espacio Público agrega que ésta también prevé unas penalizaciones muy duras para medios o intermediarios. “Porque si al gobierno le parece que se publicó una expresión de odio otorga 6 horas para retirarla, y si no se hace habrá una sanción de entre 4% y 5% de los ingresos fiscales brutos de ese medio”.

Por otro lado, advierte que la misma no establece con claridad quién es el responsable: si el sitio web, el proveedor de Internet, el intermediario de la red social, la persona que sube los contenidos o quienes replican la información… Todo eso aparece de manera muy vaga.

Además, incorpora sanciones al derecho a la asociación, porque señala que va a ser perseguido el acto de odio. Por ejemplo, podrían ser castigados quienes participen en una manifestación para exigir el derecho a la salud, porque para el gobierno eso sería un acto de odio.

Carlos Correa sostiene que es una norma que busca fortalecer la autocensura, generar miedo y reprimir el debate en la sociedad. “Es una norma profundamente regresiva y discriminatoria, porque las expresiones de odio solo podrán venir del gobierno”.

El argumento del gobierno es que el odio está enquistado en la sociedad y hay que proteger a la población de eso.

El odio está enquistado en la medida en que haya un discurso polarizante desde el poder, que ve y califica a su contrario como enemigo y no como adversario, que se refiere a ese enemigo con adjetivos calificativos y no por su nombre; que es homofóbico y expone la preferencia sexual del otro con términos peyorativos. Ese es el otro problema, el victimario en el papel de santo.

Hay una exacerbación de lo políticamente incorrecto para imponer restricciones, por ejemplo, dejando a un lado esta norma, recordemos la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que se supone que fue creada para promover la TV para los niños, niñas y adolescentes, pero con el paso de estos años no tenemos mejor televisión para ellos, no hay programas para fortalecer su formación, para prevenir el embarazo adolescente, para fortalecer la identidad nacional efectiva, no esa cosa telúrica de pretender que todos somos llaneros.

¿Dónde está eso? Para eso no sirvió la ley, sino para castigar a los medios que eran críticos al gobierno, más bien esa ley acabó con expresiones de la cultura venezolana como la industria de la telenovela, en tal caso debió haber conversado con los productores para que trataran los temas de interés público y abordaran los problemas de la juventud, pero eso no ocurrió.

Más odio es discriminar al otro por pensar distinto, botarlo del trabajo por no pegarse a las líneas partidistas, no beneficiarlo con el CLAP por no apoyar al gobierno; no darle acceso a la población a los medicamentos, a la alimentación, eso además es una política de violencia institucionalizada desde el Estado que evidentemente en algún momento se puede revertir en odio, sentenció Correa.




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