Tenemos diálogo. O negociación, o concilio o como lo queramos llamar. Resulta que, por instrucciones del departamento de Estado del Imperio, diez delegados de la Asamblea de 2015, la que fue electa con mayoría de 2 tercios y al poco tiempo reducida a la irrelevancia por el TSJ, se van a reunir a partir del próximo 1 de agosto con diez delegados de la Asamblea actual, elegida en mayo de 2025 y muy perfumada de ilegitimidad. Sumados a la veintena de representantes, se supone que estarán el presidente de la Asamblea chavista (y miembro del triunvirato de facto que aún manda en Venezuela), la diputada Dinorah Figuera -seleccionada por EEUU para dirigir la delegación opositora- y probablemente la presidenta interina con asesores, observadores designados por grupos de poder y manejadores de hilos.
El objetivo de este nuevo grupo de trabajo, según lo expresó la embajada de EEUU en Venezuela es “avanzar en la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”, mientras que la Asamblea 2015 propuso como meta “el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política”. En otras palabras, se está hablando de reinstitucionalizar el país, si es que eso es posible a partir de un diálogo entre el interinato y una parte minoritaria de la oposición.
La verdad sea dicha, uno no puede sentirse muy entusiasmado ante este nuevo ejercicio de dialéctica, por más que el team opositor tenga el apoyo del gobierno norteamericano y haya sido este último el que forzó al interinato a reunirse. Recordemos, con el necesario sentido de realidad, que los diálogos chavismo – oposición comenzaron en 2014 con el patrocinio del Vaticano, siguieron a Santo Domingo en 2018, pasaron por Oslo y Barbados en 2019 para viajar a México en 2021 y se terminaron en 2023 con un supuesto acuerdo que nunca se cumplió. Y no es por pecar de pesimistas: ya sabemos que en Venezuela el pesimismo se castiga con mucha más fuerza que el fracaso. Pero los antecedentes -los hechos duros y comprobados- no son precisamente para echar “cuetes”, que diría un mexicano.
Además de la escasez de resultados que han arrojado los diálogos de los últimos 12 años, un aspecto que genera dudas es la representatividad de este grupo de los 20, según se ha definido el perfil de los participantes. Si se habla de votos y de respaldo popular, hay mucha gente que debería estar y no figura, empezando por María Corina Machado y Edmundo González y siguiendo por liderazgos que se han destacado por fuera de la Asamblea 2015 y que tampoco parecen estar en el roster de 10 que representará a la oposición. La ausencia de apoyo popular en unas discusiones que van a decidir temas tan importantes -CNE, TSJ y libertades políticas, por mencionar algunos- puede restarle mucho peso y legitimidad a las decisiones que se tomen, aun cuando parezcan las correctas y vengan con el sello del departamento de Estado.
Ahora bien, por encima de todo, hay una realidad que nos golpea y que no puede dejarse de lado: las necesidades urgentes y abrumadoras que hay en este momento en Venezuela. La emergencia causada por los terremotos del 24 de junio ha generado una lista de prioridades que tienen que ocupar la agenda de cualquier organismo oficial por los próximos meses y hasta quién sabe cuándo. Miles de personas han fallecido, miles más -una cifra que el gobierno no da y que está aún por estimarse- están desaparecidas, otro tanto están heridas llenando los hospitales, mientras que decenas de miles se encuentran sin hogar, sin techo, durmiendo en la calle, dependientes de la ayuda humanitaria y faltos de medios para buscarse la vida. Todo esto, agravado por la demostrada incapacidad del interinato, de las fuerzas armadas y de los cuerpos de protección civil locales para atender debidamente la catástrofe.
Lamentablemente, parece que las decisiones políticas, por muy importantes que sean y por mucho impacto que lleven, deben mudarse al asiento de atrás en los actuales momentos. Centros de acopio, refugios, hospitales, medicinas, logística y comida diaria para miles de afectados es lo que debería estarse procurando, con ayuda y dirección de gente experimentada, donde sea que estén. El hecho de que el tutelaje se haya ocupado de imponer un concilio para debatir sobre el CNE y el TSJ mientras la tragedia sigue desatendida no es un buen síntoma. La máxima prioridad debe ser la creación de una verdadera Autoridad de Reconstrucción, al mando de ejecutivos de reconocida capacidad, sin nexos con el gobierno, con presupuesto propio e independencia de criterio y de acción, que se encargue de la labor faraónica en la que habrá que invertir, según se ha estimado, 30 mil millones de dólares para el alivio de la gente afectada por los sismos, la restitución de los servicios y la restauración de lo destruido.
