Ya está abierto un juicio instado por la Organización de Naciones Unidas ante la Corte Internacional de Justicia que concluirá con una sentencia sobre la propiedad del territorio Esequibo. Esa Corte dictaminó que tiene jurisdicción y va a decidir el caso que en más de 130 años no se ha podido resolver amistosamente. De aquí en adelante no tiene relevancia el argumento de negar autoridad a ese tribunal para resolver ese diferendo. Hay que litigarlo
EL TERRITORIO ESEQUIBO ES VENEZOLANO
porque era parte de España cuando Simón Bolívar y demás héroes de la independencia lo recuperaron para la conformación de la República de Venezuela. El entonces imperio británico era poseedor de la zona colindante que era la entonces Guyana Británica y ejecutó actos posesorios sobre el nuestro lo cual llevó al diferendo que se mantiene hasta nuestros días.
El reclamo venezolano se planteó ante la ONU donde para resolverlo se dio como primer paso someterlo a un tribunal de árbitros que en el año 1899 dictó sentencia en favor de los ingleses, esa decisión es la que se conoce como el “Laudo Arbitral de París”. Años después se reveló que esa sentencia fue producto de un fraude y así se denunció ante Naciones Unidas dando lugar a una especie de reposición por la que las partes se dispusieron a celebrar una ronda de conversaciones que produjeron un nuevo instrumento denominado “Acuerdo de Ginebra” en el cual las partes acordaron que el caso lo resolvieran dentro de un lapso de 4 años por vías pacíficas que definieron en ese texto siendo las conversaciones entre las partes la primera de ellas con la advertencia de que para pasar de un método de solución a otro se necesitaría el común acuerdo; a esto pusieron un término de 4 años que transcurrieron sin resultado alguno por lo que acordaron renovarlo por otros 12 años. Esto se firmó en un documento denominado “Protocolo de Puerto España” que tampoco produjo resultados.
ONU REMITIÓ EL CASO A LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA
Ante el fracaso de las negociaciones directas las partes acudieron a otros métodos de los que originalmente habían acordado hasta llegar al de unas gestiones de “Buenos Oficios” que desempeñaría el Secretario General de la ONU que en ese momento era Ban Ki-moon quien al aceptarlo hizo saber que de resultar infructuosas pasarían el caso al último de los mecanismos pacíficos de los aprobados que fue la Corte Internacional de Justicia. Antonio Guterres fue el siguiente Secretario General de Naciones Unidas quien continuó en la actividad de poner a las partes de acuerdo en una solución al conflicto mediante las tratativas directas, pero viendo que eso no ocurría dispuso la utilización del último de los medios pacíficos originalmente acordados que fue el judicial ante lo cual Guyana procedió a demandar a Venezuela.
LA DEMANDA DE GUYANA
El petitorio de la demanda de Guyana se resumió en tres puntos siendo el más importante el que se declarara la validez del original Laudo Arbitral de París en reconocimiento de que el territorio en disputa es de su exclusiva propiedad.
Para la elaboración de la citada demanda Guyana contrató a un equipo de abogados de gran peso jurídico de varias partes del mundo integrado por el ex secretario general de la Commonwealth, Sir Shridath Ramphal; los expertos en derecho internacional Paul Reichler y Payam Akvan; el bufete de abogados Matrix Chambers del Reino Unido; Paul Reichler del bufete Holey-Foag, uno de los más influyentes de Estados Unidos; y Payan Akhavan abogado miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Para pagar los honorarios de este equipo la empresa petrolera norteamericana Exxon Mobil, motivada a la concesión para la explotación petrolera de la zona en reclamación, dio a Guyana 15 millones de dólares, todo lo cual ha sido públicamente divulgado por su gobierno.
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO
La demanda del equipo legal antes mencionado fue objetada por el gobierno de Nicolás Maduro a través de Jorge Arreaza y Delcy Rodríguez quienes advirtieron que no comparecerían a dicho juicio porque no reconocen la competencia de la Corte para juzgar dicho caso.
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO INTERINO DE JUAN GUAIDÓ
Por su parte el gobierno interino de Juan Guaidó emitió una declaración coincidiendo con la de Maduro en el sentido de rechazar la judicialización del conflicto y no reconocer competencia de la CIJ para tramitar esa reclamación por el territorio Esequibo.
LA CORTE SENTENCIÓ
La Corte examinó el caso y dictó sentencia ratificando que tiene jurisdicción para conocerlo y que en tal virtud ejercerá su competencia. Corresponde ahora a Venezuela un nuevo pronunciamiento. La disyuntiva es seguir negándose a someterse al proceso judicial o por el contrario combatir en ese escenario la pretensión de despojo territorial demandado por Guyana.
NO TIENE SENTIDO NEGARSE A LITIGAR
En anteriores artículos he manifestado opinión sobre la actitud de negarse a litigar el caso ante la CIJ y resumo que es absurdo pretender una solución amigable cuando la otra parte en la práctica consolida el robo de nuestro territorio al punto de que materialmente profundiza la ocupación y está otorgando concesiones para la sustracción de las muchas riquezas que allí hay. Es tonto seguir implorando a Guyana que pacífica y voluntariamente nos devuelva lo nuestro como hemos venido pidiendo aún después de más de 130 años del fraudulento Laudo de París, y menos ahora que se ha descubierto que en ese territorio subyacen inmensas riquezas naturales además de han aumentado grandemente allí su población y que la extensión reclamada forma las dos terceras partes de aquel país.
LA FALSA OPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE MADURO
Pero lo peor, lo absurdo, es que nosotros nos sumemos a la postura del régimen de Maduro cuando es obvio que éste sólo simula una posición patriótica cuando en la realidad está de acuerdo con la adjudicación a Guyana de ese territorio, y lo está porque desde años Fidel Castro marcó la línea de reconocerle propiedad lo cual ratificó Hugo Chávez y el mismo Maduro en melosa visita que en el 2013 realizó a Georgetown donde confraternizando con la dirigencia gubernamental de nuestros adversarios hizo el infeliz pronunciamiento, palabras más, palabras menos, de que “…el Acuerdo de Ginebra fue entre el viejo imperio británico y un viejo gobierno de Acción Democrática en Venezuela como parte de una campaña de preparación psicológica, a través del desprecio, el racismo, para invadir Guyana.”
Nadie puede creer que ahora Maduro va a ir contra esa política, sólo lo está aparentando bajo una falsa postura pacifista mientras en la práctica no hace resistencia alguna al despojo. Él no van a pelear ni militar, ni judicialmente la propiedad sobre ese territorio.
LA ERRÓNEA COINCIDENCIA DE GUAIDÓ.
Lo extraño es que el gobierno interino de Juan Guaidó no vea ese problema con la claridad necesaria y asuma la misma posición del régimen de Nicolás Maduro de mantener la búsqueda amigable ad infinitum y negarse a la lucha judicial que quiérase o no va a resultar con una sentencia de obligatorio acatamiento.
HAY QUE MARCAR LA DIFERENCIACIÓN
Si desde un principio la representación de Guaidó se hubiera hecho presente en el proceso manteniendo todos los alegatos previos sobre la incompetencia del tribunal, de todas maneras y ante la imposibilidad real de evadir ese mecanismo manifestara su disposición a todo evento de abocarse al litigio designando su representación y objetando la de Maduro bajo la argumentación de su ilegitimidad la cual es sostenida por casi la tercera parte de los países miembros de la ONU. En tal caso la CIJ habría tenido primero que nada tratar ese punto sobre a quién corresponde la representación procesal en nombre de la demandada Venezuela en ese juicio.
En próximo artículo desarrollaré el tema de nuestras posibilidades en ese juicio ante la Corte Internacional de Justicia.
Carlos Ramírez López @carlosramirezl3
