Magistrados exiliados
(Foto cortesía BBC Mundo)
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Los magistrados designados por la Asamblea Nacional que se encuentran exiliados en Estados Unidos aseguraron a BBC Mundo, que luchan por la reestructuración de la democracia y el hilo constitucional en el país.

Pedro Troconis, Antonio Marval y Alejandro Rebolledo señalaron en la entrevista concedida al medio norteamericano que pese a no poder emitir sentencia alguna, seguirán pronunciándose para denunciar las arbitrariedades del gobierno de Nicolás Maduro.

Troconis, miembro de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia adelantó que estarían dispuestos a trabajar con la ex fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz con la finalidad de presentar pruebas antes las instancias tales como la Corte Penal Internacional y las diversas autoridades de los países que condenan estas acciones.

Alejandro Rebolledo aseveró ante la pregunta de qué efectos tendrían sus decisiones en la nación, que ellos trabajan arduamente para hacer justicia. “Nosotros no somos jueces de oposición ni de gobierno. Somos magistrados de Venezuela. Si en estas investigaciones que hacemos hay gente vinculada de cualquier lado igual vamos a ir por ellos” dijo durante su intervención.

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Los juristas indicaron que se ha logrado grandes avances en los contactos realizados en la Organización de Estados Americanos (OEA) y con las diversas personalidades de América Latina y Estados Unidos.

Las aproximaciones con estos entes, constituyen a una parte fundamental de la iniciativa de TSJ en el exilio, cuya acción se basaría principalmente en dos instrumentos legales: El Estatuto de Roma y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo.

Estas herramientas permiten perseguir la comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela, así como la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo.

Según Troconis, la aplicación de estas normas puede derivar en peticiones de extradición o en órdenes de captura internacional contra los presuntos responsables de estos delitos.




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