Más de 5.300 personas han sido detenidas en el contexto de manifestaciones masivas contra el Gobierno de Nicolás Maduro desde abril y hasta el 22 de agosto más de 1000 permanecen privadas de libertad, según cifras del Foro Penal Venezolano.
En un comunicado conjunto entre la red de abogados venezolanos y la ONG Human Rights Watch, se resalta que los detenidos arbitrariamente por razones políticas incluyen a más de 640 personas que fueron sentenciadas, están siendo procesadas o cuentan con una orden judicial de prisión preventiva. Estos son a quienes el Foro Penal llama presos políticos, personas que todavía no han sido llevadas ante un juez y más de 100 personas tienen órdenes judiciales de liberación bajo fianza, pero el proceso viene siendo demorado por largos períodos por funcionarios judiciales.
La libertad bajo fianza en Venezuela no requiere consignar dinero ante un tribunal. En el texto, se expresa que el derecho venezolano permite que la justicia libere a las personas que van a ser procesadas si presenta a un fiador, que pueda dar fe al juez que el detenido acudirá al tribunal durante el proceso. Sin embargo, la implementación de estas medidas han sido demoradas indebidamente por funcionarios judiciales y algunas personas han quedado detenidas por varios días e incluso meses.
Nueve casos fueron presentados por el Foro Penal sobre personas que están o estuvieron presas, debido a que la orden judicial que disponía su liberación bajo fianza se ignoró durante semanas. Entre esos casos está el arresto durante 19 días del violinista Wuilly Arteaga, quien fue imputado por cuatro delitos.
Un juez dispuso que fuera liberado bajo la presentación de un fiador, pero esto nunca ocurrió. El 15 agosto sí quedó en libertad, pero gracias a la presión internacional aunque su libertad no es plena, sino con medidas cautelares que le prohíben participar en manifestaciones y además debe presentarse a diario ante un tribunal.
