El 2022 cerró con cifras negativas para la educación en Venezuela. De acuerdo a las cifras del director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Carlos Calatrava, más de tres millones de niños y adolescentes, de entre seis y 18 años, son excluidos del actual sistema educativo.
Eso se traduce en un 70 % de la población escolar en esas edades, a lo que se suman los más de 500 mil que no regresaron a las aulas tras el regreso a las clases presenciales. “Hay gente que nunca en su vida ha pisado una escuela”.
Para el especialista, Venezuela tiene una sociedad plagada de exclusión. “A mayor pobreza, mayor exclusión… y al menos a 80% de la población venezolana se le está considerando pobre”.
La investigadora de Todos por la Educación, María Victoria Restrepo, consideró que, para el Estado, la educación no es una prioridad, en vista de que múltiples políticas públicas están enfocadas en otros flancos.
“La vuelta progresiva a la presencialidad solo demostró la pérdida diferenciada de las oportunidades educativas en todos los niveles, con una disminución de 190 mil estudiantes respecto al 2020-2021 que, según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) en Venezuela, el porcentaje mayor de deserción lo tienen las mujeres, por tanto, se necesita una atención y enfoque diferenciado a esta realidad”, relató la también politóloga.
Precariedad en todos los niveles
Sobre las universidades afirmó que estas tienen un pensum desactualizado y una Ley de Universidades que no responde a las demandas actuales, por lo que invitó a las casas de estudio a mirar hacia el extranjero y buscar formas de imitar los progresos de países como Brasil, Chile, Argentina, Colombia y México.
Raquel Figueroa, dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo, resumió su balance con una sola palabra: “negativo”.
Para la experta, la educación venezolana ha estado en retroceso y toda la problemática que dejó la pandemia no tuvo solución en 2022 mediante una política eficaz, para restablecer la calidad perdida.
“Ya en Venezuela no se puede hablar de calidad educativa, porque un país que tiene la educación como derecho humano violentado, no puede hablar de calidad alguna. Más aún cuando se tienen dos artículos constitucionales como el 102 y 103 que enarbolan la educación. No se puede porque hay un retroceso en las responsabilidades del estado, entonces no hay calidad y la pandemia evidenció eso”.
En la post pandemia el factor que no cambió, de acuerdo con Figueroa, fue la desinversión. “La inversión disminuyó de una forma tan abrupta que se volvió desinversión. Es un elemento principal porque ahí se ve reflejada la calidad de la alimentación escolar”.
Desinterés por estudiar
De acuerdo con el Sistema de Evaluación de Conocimientos en Línea de la UCAB, el promedio de matemáticas es de 8,11, y el de habilidad verbal de 8,6. En el caso de las escuelas privadas, la valoración es un poco mayor por un punto en ambos casos.
Esto ha llevado a un desinterés por parte de los estudiantes a ingresar en carreras como la educación, pero Calatrava dice que es un proceso que no puede ser lineal, ni fácil. “Tienes el peor entorno para que cualquier persona estudie en la universidad y es entendible porque es un compromiso muy largo, luego terminas y te das cuenta que se vive en un país en donde el conocimiento no se premia, entonces no estamos en el mejor momento para que la gente se ponga a estudiar educación”.
Las cifras de la UCAB indican que hay muchas personas en Venezuela queriendo estudiar educación incluyendo las ocho menciones que esta casa de estudio ofrece, pero al momento de llevarlo a la inscripción las cifras se desploman y dejan al descubierto que la intención no es suficiente.
Las razones de esto van desde la crisis en el hogar, la poca rentabilidad que le ven algunos a la educación y luego la imposibilidad de costearse los gastos universitarios durante cuatro o cinco años, pero en el caso de las públicas hay quienes ni el pasaje pueden pagar.
Según datos de algunas federaciones y asociaciones, el rango de precios va desde los 60 hasta los 400 dólares en gastos en una casa de estudio pública, mientras que en las universidades privadas va desde los casi mil hasta los casi tres mil dólares un semestre.
Un 2023 conflictivo
Más allá del 2022, Raquel Figueroa dijo que el 2023 será muy conflictivo en la educación, en vista que el Estado sigue teniendo cuantiosas deudas con los educadores, además de la crisis de los servicios dentro de los planteles que no ha sido subsanada.
“El mantenimiento de las instituciones es prueba de ellos en un deterioro casi total, en vista que no ha habido un porcentaje considerable, y mucho menos destacable, en la recuperación de estos espacios. Solo las escuelas pilotos del proyecto bolivariano han recibido una pequeña porción de ayuda, pero más del 5 0% los planteles que se mantienen en el mismo estado de deterioro”.
La dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela aseguró que el retroceso educativo se ha vuelto un sacudón para toda la comunidad, y os educadores enfrentan el deterioro de la vida, desde aspectos como su desarrollo profesional, pedagógico y personal.
Para Figueroa, las pruebas del retroceso se cristalizaron con la congelación de la convención colectiva que estaba por firmarse. Y se suman indicadores como la pulverización del salario, la eliminación del seguro social y “quitarle el protagonismo pedagógico y académico en el plantel, lo cual, en palabras más simples, es la libertad de cátedra en el plantel”.
Con información de nota de prensa.
