El Gobierno de México está preocupado por lo que considera un deterioro del orden democrático en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumiera las competencias de la Asamblea Nacional, aseguró el canciller mexicano, Luis Videgaray.
El diplomático afirmó que su país cree en los valores de la democracia representativa y de la división de poderes. La decisión del tribunal venezolano no hace sino agravar lo que ya era una situación extraordinariamente delicada. Es por ellos que el Estado mexicano reiteró su llamado a que sean los venezolanos, en ejercicio pleno de su soberanía con respecto a su propia Constitución, los que resuelvan los problemas de una forma que permita restablecer los valores democráticos.
La separación de poderes y la democracia representativa son derechos fundamentales reconocidos en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), resaltó. Este mecanismo es el instrumento jurídico de la institución para proteger la democracia en la región. Contempla un proceso gradual que va desde las gestiones diplomáticas hasta, como último recurso, la suspensión de un Estado.
Videgaray, quien sostuvo una reunión este jueves en Bogotá con su homologa colombiana María Ángela Holguín, reiteró al pueblo y Gobierno de Venezuela la voluntad de México y su absoluta disposición para actuar como nación amiga y hermana de manera constructiva, siempre con una actitud de escrupuloso respeto por las instituciones y soberanía venezolana.
COLOMBIA TAMBIÉN FIJÓ POSTURA
Colombia también expresó profunda preocupación por la decisión del TSJ. La canciller colombiana, María Ángela Holguín, destacó la importancia del respeto por la separación de poderes.
Este miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó una sentencia en la que decidió asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN) mientras se mantenga lo que considera el desacato por el incumplimiento de varias sentencias.
Este «desacato» comenzó el año pasado, luego de que la junta directiva del Parlamento decidiera incorporar a tres diputados cuya investidura había suspendido cautelarmente por el máximo tribunal.
