El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, respaldó este miércoles las detenciones del exministro de Petróleo de la nación caribeña Tareck El Aissami y del exministro de Economía y Finanzas Simón Alejandro Zerpa, por su supuesta participación en una trama de corrupción relacionada con la estatal petrolera Pdvsa.
«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (…) respalda de manera contundente e inequívoca todas las acciones que viene ejecutando el Gobierno bolivariano y el Ministerio Público (Fiscalía), en la lucha incesante contra la corrupción, específicamente las relacionadas con las recientes detenciones de exfuncionarios públicos», dijo Padrino López en un comunicado.
Asimismo, señaló que estos exfuncionarios «laceraron, en forma grosera y aberrante, el patrimonio nacional».
Padrino López sostuvo que continuarán acatando los lineamientos y órdenes del presidente Nicolás Maduro en todo lo concerniente a «erradicar cualquier práctica inmoral en el manejo de los recursos públicos».
Ministro de Defensa
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el martes la detención del El Aissami por delitos de corrupción, un año después de que desapareciera de la vida pública y se desconociera su paradero, luego de que renunciara a su cargo para, supuestamente, colaborar con las investigaciones.
Saab explicó que se trata de la segunda fase de una operación anticorrupción relacionada con una trama en Pdvsa, una investigación que «continúa abierta», por la que se han aprehendido más de medio centenar de personas -todas imputadas-, y no se descartan «nuevas detenciones».
A El Aissami lo imputarán por cinco delitos, entre ellos traición a la patria y legitimación de capitales, según informó el fiscal general.
Además, el exministro de Petróleo Simón Zerpa y el empresario Samark José López, también detenido en este operativo, serán imputados por los delitos de «apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias» y «asociación».
Según las investigaciones, una red de funcionarios usaba «sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales» mediante «la asignación de cargas» de crudo, «sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación» de Pdvsa.
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