El Órgano de Solución de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) estableció este miércoles un grupo de expertos para que solucione la disputa que enfrenta a Catar con Emiratos Árabes Unidos, tras el bloqueo comercial impuesto por Abu Dhabi, Arabia Saudí y Bahréin a Doha.
El pasado agosto, Catar abrió en agosto un proceso de consultas con los tres países, pero solo pidió el establecimiento de un panel del Órgano de Solución de Controversias en el caso de los Emiratos Árabes Unidos.
Tampoco se refirió en su denuncia ante la OMC a Egipto, país que también se sumó al boicot.
La primera solicitud de establecimiento del panel fue bloqueada por Emiratos pero, tal y como establecen las normas de la OMC, la segunda solicitud abre la puerta directo a la conformación del grupo de expertos.
Los países que han impuesto el embargo han argumentado que han impuesto restricciones comerciales a los bienes y servicios cataríes Catar en respuesta al apoyo continuado a grupos terroristas por parte de Doha y en un intento de defender su seguridad nacional.
El establecimiento del panel podría eventualmente abrir una brecha en la institución, dado que el artículo XXI del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT) establece la posibilidad de no aplicar las normas de la OMC apelando a la seguridad nacional.
El problema recae en que la institución y muchos de los miembros que la componen temen que el argumento de la seguridad nacional se use como una excusa para imponer, o amenazar con implementar, medidas de restricción al comercio que están prohibidas.
Estados Unidos ya ha afirmado públicamente que los temas que afectan a la seguridad nacional no deberían ser tratados en el marco de la OMC.
Si el panel diera razón al país que recurre al artículo XXI, el caso abriría la puerta a que todos los miembros de la OMC puedan incumplir la normativa argumentando esa disposición.
Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Egipto rompieron relaciones diplomáticas con Catar a principios de mayo y le impusieron una serie de sanciones económicas y diplomáticas tras acusarle de financiar el terrorismo, alegación negada tajantemente por el Gobierno catarí.
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