Las organizaciones no gubernamentales Funcamama, Unión Afirmativa, Prepara Familia, Cepaz, Uniandes y Acción Solidaria, congregadas en la “Alianza ConEllas” presentaron un informe en el que dan cuenta de la vulneración exacerbada de los derechos de las mujeres en el país.
El documento denominado “Ser Mujer en Venezuela: Diagnóstico comunitario y propuestas para la acción humanitaria», coteja información sobre el impacto diferenciado que la Emergencia Humanitaria Compleja tiene sobre las niñas, adolescentes y mujeres venezolanas, así como propuestas para mitigar este impacto.
De hecho, la investigación expone las dificultades en el acceso y ejercicio de los derechos a la salud, la alimentación y la vida libre de violencia de las mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela, así como los derechos de las venezolanas en situación de movilidad humana (migración interna y externa).
Los datos surgen como resultado del trabajo de estas organizaciones y la aplicación de un enfoque de género y diversidad a los diagnósticos comunitarios realizados en terreno a casi 6 mil 500 hogares en 18 de los 24 estados del país, como parte de los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil para llenar los amplios vacíos de información sobre la crisis a través de la plataforma HumVenezuela.
En este sentido, se revela que 25% de las mujeres están afectadas por pobreza menstrual, mientras que 44% no recibieron la atención médica necesaria por problemas de asequibilidad y por servicios inoperativos, y un 7% ha sido víctima de violencia familiar, tanto física como psicológica.
Derecho a la salud de las mujeres
De acuerdo al Fondo de Población de Naciones Unidas, cuando las mujeres no cuentan con artículos para su higiene menstrual, las mismas pierden días de colegio o trabajo, afectando su educación y profesión. También, el informe señala que una deficiente higiene menstrual conlleva a mayores riesgos de infección.
Respecto a tratamientos, un 32% respondió que no había recibido en el mismo período, y la causa principal (68%) fue el costo de los medicamentos, esto se explica también, cuando las mujeres limitan sus gastos de salud como una estrategia para reducir su nivel general de gasto, ya que, priorizan la alimentación antes que cualquier otro gasto doméstico.
Derecho a la alimentación de las mujeres
Al respecto del derecho a la alimentación, el informe detalla que ocho de cada 10 mujeres considera que la cantidad de alimentos que llevan a sus hogares es deficiente, escasa o muy escasa, a pesar de que seis de cada 10 respondió que se gasta casi todo el presupuesto familiar en alimentos. Sin embargo, el 76% afirmó que al menos una persona de su grupo familiar presenta desnutrición.
Entre las estrategias más empleadas por las mujeres para adquirir alimentos están: comprar a crédito (36%), gastar ahorros (55%), pedir comida prestada o ayuda a otros (40%), pedir dinero prestado (43%), reducir el tamaño de las porciones (65%), reducir la cantidad de comidas al día (44%) o reducir los gastos de salud, educación u otros (40%). Además, el 94% recurren a “comprar alimentos más baratos”, entre esos, el 61% señala como fuente de aprovisionamiento el CLAP.
Derechos de las mujeres en situación de movilidad humana
Al preguntarles a las mujeres que se habían mudado sobre sus dificultades casi tres de cada 10 contestaron que encontraron obstáculos para realizar la mudanza, siendo los costos (96%). Otras dificultades señaladas por mujeres para mudarse fueron: responsabilidades de cuidado de adultos mayores, padres, nietos e hijos, en cambio, en otras respuestas dadas por los hombres, indicaron obstáculos por: pandemia, documentación y traslado.
Respecto de la intención de mudarse, una de cada 10 mujeres indicaron querer mudarse, el 64% a otro país, principalmente para: mejorar los ingresos (25%), tener acceso a medicinas o servicios de salud y/o acceso a servicios públicos (24%), conseguir o cambiar de trabajo (16%) y reunificarse con sus familiares (11%).
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Para 2021, el 7% de las mujeres entrevistadas señaló haber sido víctima de violencia familiar, los tipos más prevalentes fueron: violencia psicológica (87%), física (59%), simbólica (25%), económica (24%) y sexual (10%). El 64% de estas violencias, en el caso de las mujeres adultas, fue cometido por las parejas o ex parejas.
Lamentablemente, sólo el 31% reportó o denunció lo ocurrido, el 60% lo hizo ante una institución u oficina pública, un 30% prefirió acudir a amigos o vecinos y el 10% a organizaciones sociales. Las principales razones para no reportar se debieron a que los actos no se consideraron graves (37%), por miedo a represalias (36%), desconfianza a las instituciones (14%) y porque los servicios para ello fueron inaccesibles para las víctimas (9%).
Sobre las que se identifican como parte de la comunidad LGBTI, en los diagnósticos se encontró que 31% indica alguna condición crónica de salud; de ese grupo, 39% dijo que no cuenta con ningún tipo de atención médica, y 25% que no tiene medicinas para su tratamiento.
Lamentablemente, casi la mitad (48%) aseguró haber sufrido algún episodio de abuso o violencia de terceros, incluidos funcionarios policiales. Seis de cada 10 aseguraron haber sufrido algún tipo de violencia dentro del grupo familiar, siendo la violencia psicológica (38%), simbólica (27%) y física (22%) las más comunes.
De este grupo, 73% admitió que no denunció abuso o violencia por falta de acceso a las instancias correspondientes (19%); miedo a represalias (17%); desconfianza (15%) o porque no se consideró grave el abuso o la violencia (44%). De quienes si denunciaron, 36,7% dijo haberlo hecho ante una institución pública; 23,3% ante una organización social, y 40% ante amigos o vecinos.
El informe también aporta propuestas generales
El documento de las oenegés aporta siete propuestas de carácter general: Uno, publicar periódicamente cifras actualizadas, auditables y desagregadas por zonas geográficas, edad, discapacidad, identidad de género y orientación sexual sobre la situación de las mujeres venezolanas, específicamente en las áreas de salud, alimentación, agua y saneamiento, movilidad humana y educación.
Dos, priorizar, convocar y supervisar la asignación de fondos a proyectos que beneficien la atención y el desarrollo de las mujeres venezolanas con un enfoque interseccional. Tres, favorecer la atención en el área de salud a las mujeres, en prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto de condiciones de salud transmisibles y no transmisibles, como crónicas y de alto costo.
Asimismo, en cuarto lugar, proponen desarrollar un enfoque de protección y de derechos para la atención de niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad, contribuyendo a su inserción social y legal a países de acogida y garantizando su acceso a servicios y bienes de salud, empleo, educación y vivienda.
En quinto lugar, hablan de combatir la discriminación, violencia, estereotipos y roles de género que sufren las mujeres, considerando las formas múltiples y entrecruzadas de violencia y discriminación.
También instan a promover el fortalecimiento de las capacidades y la resiliencia para la independencia económica de las mujeres que permitan prevenir y mitigar los riesgos a la VBG.
Y finalmente, realizar políticas alimentarias inclusivas con un enfoque de género y de diversidad, con especial atención a mujeres embarazadas y niños, niñas y adolescentes.
Con nota de prensa.
