Militancia de Primero Justicia en Carabobo. (Cortesaía)
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Armando Amengual, secretario general de Primero Justicia en el estado Carabobo, denunció que solo en el sector La Isabelica, parroquia Rafael Urdaneta de Valencia, van más de 120 detenidos injustamente por parte de los órganos de seguridad del Estado durante acciones violatorias de la Constitución y los derechos humanos, encabezadas por el Plan Zamora y la Guardia Nacional Bolivariana.

El dirigente político regional detalló que en los últimos días de protestas, por la vía militar han sido enjuiciados 163 carabobeños, a quienes les han violado sus derechos civiles e insistió en el caso de La Isabelica. “Donde se ha arreciado la represión y persecución, violando los derechos humanos incluso en el hogar de estos ciudadanos”.

Amengual precisó que son incontables las violaciones a los derechos humanos “cometidas por un Gobierno débil y deslegitimado que ha secuestrado las garantías más básicas del pueblo carabobeño”.

Carabobo es uno de los estados con mayor víctimas de recurrencia y mayor represión parte del Plan Zamora y la Guardia Nacional Bolivariana. “Han violado derechos fundamentales de familias enteras. Y de todo esto existen videos, donde se ve cómo quienes están al lado de la dictadura disparan a vecinos  hiriéndolos con perdigones”.

El secretario general de Primero Justicia en el estado Carabobo,  dijo que estos funcionarios han violado el derecho fundamental a la propiedad privada, destruyendo y robándoles las pertenencias a los vecinos, como es el caso de lo ocurrido en la parroquia Rafael Urdaneta, en distintos sectores de La Isabelica, por lo cual solicitó al Ministerio Público que inicie las investigaciones correspondientes.

El dirigente de la tolda amarilla se refirió además a la persecución en contra de miembros del partido, a quienes les pretenden violar su derecho a la militancia, como el caso de Alfredo Albornoz, Thomas Dangel, Papito Rodríguez y Antonio Daher, “pero no lograrán eliminar los sueños de libertad de los carabobeños ni de nuestros militantes”.

“No habrá bala, perdigón, metra o ballena que pueda impedir que la fuerza de un pueblo detenga el fraude Constituyente. Y queremos que el Gobierno sepa que estamos al lado de una población que decidió cambiar y que está indignada cuando observa que el costo de una bomba lacrimógena es de 50 dólares o 30 mil bolívares, recursos que deberían servir para atender la crisis de insumos y medicinas en hospitales, la crisis de inseguridad y el drama social que viven miles de carabobeños que no tienen con qué comer”.

Armando Amenual envió un mensaje a los generales Néstor Reverol y Antonio Benavides Torres, a quienes acusó de ser los responsables de lineamientos que en Carabobo han ocasionado mayor represión y muertes, así como la violación a los derechos humanos de un pueblo solamente por pensar distinto.

“Seguimos del lado de la democracia, del lado de defender la Constitución, en contra del autogolpe, hacemos un llamado, no a la rebelión, a los miembros de la Fuerza Armada Nacional porque sabemos que allí hay gente que le quiere seguir viendo la cara a su familia con dignidad y decirle a Venezuela en un futuro que estuvieron al lado de la Constitución, la democracia y las leyes”, concluyó.

Amengual estuvo acompañado en la rueda de prensa por Carlos Molina, abogado de las familias víctimas de la represión en La Isabelica, así como por los dirigentes de la tolda aurinegra: Lucio Herrera, Ronald González, Michel Grill, Marcos Cegarra, Luis Galea, Nelly Colina Braulio Conejero, Gerardo Prado, Néstor Olleros y Carlos Santafe.




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.





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