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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

En una audiencia a puertas cerradas, sin la presencia de sus abogados defensores, fue privado de libertad el presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, Julio García la noche del lunes. En un procedimiento similar, la máxima representante del Colegio de Contadores de la región, Rosmary Di Pietro, tuvo la misma suerte.

Ambas imputaciones se realizaron en la sede del Fuerte Tiuna en Caracas. Se desconocen los delitos de los que se les acusaron, pero la defensa presume que se trata de traición a la patria e incitación a la rebelión.

A Di Pietro se le fijó como sitio de reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de el Helicoide, mientras que a García se le estableció el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde.

José Sánchez, abogado del presidente del Colegio de Enfermeros, informó que su defendido padece una crisis hipertensiva, por lo que le informaron que sería trasladado a un calabozo de el Sebin en Naguanagua. «Suponemos que se trata también a la espera del resto de los procedimientos de detenciones que se realizarán en Carabobo, vinculados con el mismo caso de la Brigada Blindada».

Desde la detención de García, sus abogados no han tenido contacto con él. Solo su esposa ha podido visitarlo. «Eso ha sido importante porque lo ayuda emocionalmente». Los hijos de 12 y dos años del detenido están recibiendo asistencia psicológica tras presenciar el allanamiento violento en el que se llevaron esposado a su padre la mañana del sábado en su casa, ubicada en la urbanización La Trigaleña de Valencia.

Di Pietro fue detenida a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, la tarde del sábado. Se regresaba junto a sus tres hijas de unas vacaciones en Porlamar. Gustavo González López, director nacional del Sebin, vinculó a ambos gremialistas con el asalto a la 41 Brigada Blindada del pasado domingo 6 de agosto.




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