Las estaciones de servicio de combustible se han convertido en centros de represión, donde efectivos militares o policiales que las custodian aprovechan las prolongadas colas que hacen los usuarios para surtirse de gasolina o diésel y aplicar la conocida «matraca» o infligir tratos crueles e inhumanos, así como practicar detenciones arbitrarias, a quien mejor le parezca, afirmó el abogado defensor de Derechos Humanos Rafael Narváez.
El abogado sostuvo que los cuerpos de seguridad del Estado se amparan en los decretos de estados de alarma y de excepción dictados por el régimen supuestamente con el objetivo de contener la cadena de contagios, de la COVID-19, para cometer todo tipo de abusos contra los ciudadanos.
Esta conducta reprochable es encabezada por algunos efectivos de la Guardia Nacional y está impregnada de rabia y resentimiento. Lamentablemente ya se ha hecho uso y costumbre en contra de los ciudadanos, sean médicos, trabajadores de la prensa, o abogados, e incluso le han negado poder echar gasolina a pacientes que son trasladado en ambulancia a un centro de salud que quede en otro estado del país, señaló el director de la ONG Derechos Civiles.
Narváez señaló que el caso del odontólogo Williams Arrieta, ocurrido el día miércoles en la ciudad de Puerto Ordaz, y quien se manifestó contra la corrupción, fue golpeado salvajemente por varios efectivos policiales causándole severos traumatismos. “Esta acción al margen de la ley demuestra la descomposición de los cuerpos de seguridad del Estado y la falta de control por parte de sus superiores”, acotó el abogado.
En opinión de Rafael Narváez, en Venezuela se está en presencia de la situación más crítica de los DDHH. “Nuestro pueblo se encuentra en el mayor grado de indefensión, algo nunca visto en nuestra historia en materia de derechos humanos y garantías constitucionales”, sostuvo.
Resaltó que los venezolanos continúan padeciendo la falta de servicios básicos, sueldos de hambre, hiperinflación indetenible y crisis sanitaria, con el crecimiento exponencial de las cifras de contagio del nuevo coronavirus y de los fallecidos.
Asimismo, llamó la atención sobre la necesidad de dotar a los médicos de insumos de bioseguridad para garantizar que puedan seguir salvando vidas y, en este sentido, fustigó que sigan muriendo médicos sin que el Estado reaccione y ni siquiera reconozca a los galenos que están dando sus vidas en la lucha contra la Covid-19.
Para el Estado, la prioridad en este momento son las elecciones, a pesar de la pandemia y de los sufrimientos del pueblo. Sólo está pendiente de mantener el poder y condena a los ciudadanos a seguir soportando el calvario de la pandemia y las violaciones de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad del estado, sostuvo el profesional del derecho.
El abogado insistió en que con el crecimiento exponencial de la Covid-19, el aceleramiento de la pobreza por salarios de hambre y la hiperinflación, el colapso de los servicios básicos, la vulneración de los derechos civiles y políticos, las restricciones al libre ejercicio del periodismo y los excesos policiales impregnados de represión, tratos crueles e inhumanos y degradantes con resentimiento contra los ciudadanos, constituyen una verdadera violación sistemática de los DDHH a unos ciudadanos que se encuentran en el mayor grado de indefención.
Con información de nota de prensa.
