El Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello sostiene que el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral, realizado por el Tribunal Supremo de Justicia debe quedar sin efecto.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia usurpó funciones exclusivas de la Asamblea Nacional
El director del organismo de análisis político, Benigno Alarcón denunció que con esa medida la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia usurpó funciones exclusivas de la Asamblea Nacional.
Lamentó que Sala Constitucional en lugar de ser garante del fiel cumplimiento de la normativa constitucional que debe regir la vida democrática del país, incurra en faltas como esta. “Dichos nombramientos deben quedar sin efecto por ser contrarios al artículo 296 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; tres de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, y uno o una por el Poder Ciudadano».
Según las normas, los tres integrantes postulados por la sociedad civil tendrían seis suplentes en secuencia ordinal, y cada designado por las universidades y el Poder Ciudadano tendrá dos suplentes, respectivamente. «Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes”, citó Alarcón.
También recordó que la Sala Constitucional designó de la misma forma en diciembre de 2014, a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón, así como a sus respectivos suplentes, como rectores postulados por la sociedad civil. “Ahora, con esta decisión del 13 de diciembre de 2016, en la que la Sala Constitucional designa a Tania D´Amelio y Socorro Hernández, junto a sus respectivos suplentes, se incurre en una nueva usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que atenta contra la ya deteriorada integridad del sistema electoral venezolano”.
Repudió que el CNE acepte esa designación y convalide actos que violen los principios más elementales de un sistema democrático, así como lo establecido por la Constitución. “Desde el Proyecto Integridad Electoral del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, abogamos por la restitución de la constitucionalidad conminando a la Asamblea Nacional a que proceda al nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral siguiendo de manera estricta los procedimientos y principios establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral”.
