El defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró este martes que cerca de 100 funcionarios policiales han sufrido heridas durante las tres semanas de protestas que ha vivido la nación caribeña y que se han saldado hasta ahora con 26 muertes y 437 lesionados, de acuerdo con la Fiscalía.
«Hay más de 40 guardias nacionales heridos de bala y con objetos contundentes, y un número superior de policías también en todo el país heridos por manifestantes ahora no pacíficos sino armados», dijo Saab durante una entrevista con el canal estatal VTV.
El defensor repudió la violencia que se ha desatado en algunas de las manifestaciones en Caracas y en todo el país y criticó que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) siga llamando a marchar hacia su despacho, en el centro de la capital venezolana.
«Han lanzado 12 marchas supuestamente para entregar una carta que ya fue entregada y respondida», aseguró.
Saab explicó que la Defensoría del Pueblo ha recibido cinco cartas iguales de la MUD en las que le ha solicitado que apoye el proceso iniciado en el Parlamento, de mayoría opositora, con el que pretenden destituir a siete magistrados del Supremo que firmaron dos polémicas sentencias que ya fueron parcialmente suprimidas.
«Nosotros respondimos el día jueves 6 de abril, cuando digo nosotros (es) el Consejo Moral Republicano, allí te puedo decir con propiedad que ninguno de los tres titulares: fiscal, contralor, defensor, acordamos calificar de falta grave la acción de los magistrados de la Sala Constitucional», aseguró.
El defensor recordó que horas después de publicarse dichas sentencias que despojaban al Parlamento de sus facultades y limitaban parcialmente la inmunidad de los diputados, estas fueron «aclaradas de oficio» por lo que, reiteró, considera improcedente la remoción de los jueces.
Sin embargo, la MUD y el Parlamento han denunciado la existencia de un «golpe de Estado», por lo que han convocado a más de una docena de protestas en todo el país.
Los opositores se basan, entre otras razones, en el pronunciamiento que hizo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien dos días después de emitirse estas sentencias consideró que las mismas constituían una ruptura del hilo constitucional en el país y hasta ahora la funcionaria no se ha desdicho.
