A juicio del coordinador de Investigación de Provea, Marino Alvarado, hay una fórmula claramente establecida por parte de las autoridades venezolanas para el manejo de las ejecuciones extrajudiciales: el silencio institucional. Esto, a fin de garantizar la impunidad en los casos de asesinatos discrecionales y al marco de la ley, cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado.
Alvarado citó el caso de la masacre ocurrida el 8 de enero de 2021 en La Vega, Caracas, donde 23 personas resultaron asesinadas. Un año después de aquel sangriento día, denunció, la Defensoría del Pueblo ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre lo ocurrido, a pesar de tratarse del operativo policial y militar de seguridad ciudadana que ha dejado la mayor cantidad de víctimas en los últimos 50 años.
El activista y defensor de los derechos humanos fue enfático al señalar que desde el inicio el silencio oficial predominó en el caso de La Vega, a diferencia de otros operativos, como el realizado en junio del año pasado en la Cota 905, el cual finalizó con una detallada rueda de prensa televisada en la que las autoridades informaron sobre armamento presuntamente incautado y supuestos delincuentes abatidos.
“No se conoce otro operativo en el que hayan intervenido distintos organismos. Lo precede el primer despliegue de la OLP (Operación de Liberación del Pueblo) en 2015, en la Cota 905, que dejó a 17 personas fallecidas”, señaló en entrevista con El Carabobeño, a propósito de la publicación de la investigación A un año de la masacre de La Vega: Responsables deben rendir cuentas ante la justicia.
Para la realización del informe, los investigadores usaron cuatro fuentes informativas: testimonios de familiares de personas que fueron asesinadas, testigos que observaron los hechos, documentos oficiales y fuentes abiertas, es decir, lo que fue difundido mediante redes sociales y medios de comunicación.
Solo uno de los 23 se habría enfrentado
En contraste con la poca información oficial disponible sobre la masacre de La Vega, la investigación independiente realizada por Provea y el Centro Gumilla, en el marco del proyecto “Lupa por la vida”, reveló que durante el operativo prácticamente no hubo enfrentamientos y que solo uno de los 23 fallecidos murió por enfrentarse a los funcionarios.
“La razón del silencio, es que no tienen cómo explicar la masacre ocurrida. La casi totalidad de las víctimas fueron detenidas y posteriormente asesinadas. En los allanamientos no consiguieron armas. Solo se conoce de un solo caso en el cual la persona falleció al enfrentar a los funcionarios y que vecinos ciertamente reconocen pertenecía a una de las bandas delictivas”, dice el informe.
Por su parte, el párroco de la iglesia San Alberto Hurtado de La Vega, Alfredo Infante, quien también es integrante del Centro Gumilla, denunció que durante el operativo se crearon “falsos positivos”, precisamente porque la mayoría de las víctimas no estaban en la confrontación ni vinculadas a las bandas delictivas, tal como lo recoge la investigación.
Infante cuestionó que a pesar de la magnitud de los hechos, ni el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, ni el fiscal general, Tarek William Saab, hayan realizado algún pronunciamiento o anunciado alguna investigación, luego de 12 meses.
De acuerdo al documento de 36 páginas, las fuerzas de seguridad del Estado ingresaron a la comunidad, efectuaron detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y ejecuciones extrajudiciales, algunas de ellas delante de las familias. También amenazaron a los familiares, alteraron las escenas de los asesinatos, actuaron con sus rostros cubiertos y varias de las motos y vehículos no tenían placas que los identificaran, pero sí sus logos.
Entre las conclusiones, se resalta que los sucesos registrados en La Vega son el resultado de una política de Estado de ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas contra la población civil, en las zonas pobres de Venezuela, y constituyen crímenes de derecho internacional. “Una política apuntalada por una impunidad estructural que favorece la repetición de las violaciones con pleno conocimiento de las más altas autoridades del Estado venezolano”.
Población pobre estigmatizada
Según la investigación, como toda población pobre La Vega es estigmatizada por una parte de la sociedad con mayores recursos económicos y también por las instituciones del Estado. Además, existe una permanente criminalización hacia los jóvenes que viven en los barrios o zonas empobrecidas del país.
“La gran mayoría de los jóvenes de las zonas pobres del país son trabajadores, estudiantes, muchos son excluidos del sistema escolar y laboral, pero ello no los convierte en delincuentes”, argumentan las organizaciones de defensa de DDHH en el texto. “No hay duda que algunos han asumido el camino del delito como su modo de vida. Pero son la excepción”.
Para el padre Infante, el barrio es una mina de humanidad con talentos y mucha capacidad, por lo que su apuesta es hacia generar políticas de bienestar para que los jóvenes de la parroquia puedan acceder al desarrollo material y espiritual.
Establecimiento de responsabilidades
Alvarado detalló que mediante los documentos oficiales que obtuvieron durante la investigación lograron identificar a funcionarios de bajo, medio y alto rango que presuntamente tuvieron participación en el operativo, por acción u omisión.
Provea, el Centro Gumilla y su proyecto “Lupa por la vida” instaron a las autoridades venezolanas a investigar a los autores materiales y la cadena de mando con responsabilidad en los crímenes perpetrados en La Vega, de acuerdo con el memorando de entendimiento suscrito entre el Gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado.
“Personas como la almirante Carmen Meléndez, quien en su momento era la que dirigía todos los organismos policiales en Venezuela, al frente del Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz; a José Miguel Domínguez, director de las FAES que dirigió el operativo; como a otros funcionarios que participaron”, expone el documento.
Respecto a Meléndez, el vocero de Provea agregó: “Con ella tenemos la experiencia de su participación directa en operativos en Lara, siendo ella gobernadora, donde las FAES realizaron cientos de ejecuciones. Y en todo caso, de no haber participado, tiene responsabilidad por omisión”.
