Los transportistas han cumplido con la mayoría de las exigencias, pero cuando acuden a las aseguradoras en Colombia ninguna les ofrece la póliza contractual porque los vehículos no son registrados allí. Foto: El Nacional.

Seis meses después de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, que despuntó nuevos horizontes comerciales para todos los sectores, incluido el del transporte público, aún no hay una solución real al tema de las pólizas contractuales que permita a estos vehículos ingresar de manera legal al país neogranadino.

Del lado venezolano de la frontera, los conductores de las líneas de transporte se sienten en el limbo porque no hay una compañía colombiana ni venezolana que les venda el seguro póliza de responsabilidad civil extracontractual y contractual para transportadores de servicio público de pasajeros que exige el estado colombiano.

Freddy Solano, vicepresidente de la Cámara de Transporte del estado Táchira y su frontera, indicó que el pasado 23 de mayo, el Área Metropolitana de Cúcuta envió un oficio a las secretarías de Tránsito comunicándoles que «ningún vehículo de transporte público colectivo e individual fronterizo» estaba autorizado para circular en el área.

En el documento aclaran que esto obedece a que ninguna de las empresas ha entregado en las oficinas de esa entidad, los requisitos establecidos en el instructivo ABC de apertura de frontera, socializados en las mesas de trabajo, así como lo establecido por el Ministerio de Transporte colombiano.

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Con esto queda por sentado que las reglas del juego cambiaron porque antes de esa comunicación, el acuerdo era que los vehículos tipo taxi y por puesto podían ingresar a Colombia con pasajeros, pero debían regresar vacíos.

Esto les permitía prestar el servicio con cierta libertad hasta tanto pudieran normalizar su tránsito y estar solventes con los requisitos.

El vocero de las líneas de transporte transfronterizo dijo que antes del cierre de la frontera, en el año 2015, cuando Venezuela pertenecía a la Comunidad Andinas de Nacional (CAN), las mismas pólizas que adquirían en ese país eran válidas para el resto de los países miembros.

Sin embargo, al cambiar esa situación, Colombia puso entre sus requisitos que las empresas deben adquirirlas para prestar el servicio en la frontera. «Nunca nos hemos opuesto a comprar esa póliza, pero el problema está en que Colombia está exigiendo algo que no vende», dijo.

Los transportistas han cumplido con la mayoría de las exigencias, pero cuando acuden a las aseguradoras en Colombia ninguna les ofrece la póliza contractual porque los vehículos no son registrados allí.

«En Venezuela hicimos algunas búsquedas y estábamos esperando que nos den la confirmación. Hay una empresa venezolana que podría correr el riesgo de emitir una póliza de ese tipo, pero no tenemos la respuesta todavía», declaró.

Podrán inmovilizarse los vehículos

Miguel Peñaranda, director del Área Metropolitana de Cúcuta, confirmó que no hay ninguna línea de transporte público venezolano habilitada para prestar servicio en esa jurisdicción porque no cuentan con las pólizas para su habilitación.

Aclaró que este seguro, a diferencia del SOAT, les permite a los conductores de los vehículos cubrir cualquier daño a terceros y a la infraestructura en caso de presentarse algún accidente. «Mientras no tengan los documentos en regla no pueden ingresar a Colombia a trabajar», reiteró.

Peñaranda trajo a colación un hecho vial ocurrido días atrás en Cúcuta, donde el conductor de un taxi venezolano arrolló a dos ciclistas y no tuvo manera de responder por no contar con este requisito.

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«Es cierto, como ellos dicen, que desafortunadamente no han encontrado una empresa que les ofrezca esas garantías y los avale en el territorio nacional pero nosotros también, de nuestra parte, estamos averiguando y al parecer hay una entidad bancaria que tiene una póliza en dólares que les serviría», señaló.

El director del área metropolitana dijo que los policías de tránsito de cualquiera de los municipios están en el deber de aplicar la sanción que corresponda si ubican a alguno de estos vehículos prestando el servicio en territorio colombiano sin la debida documentación. «Hasta la fecha no hay ni uno solo autorizado, ni taxi ni colectivo».

Con información de La Opinión.




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