Capitolio de Valencia, (Foto Referencial)
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Un buen número de empleados de la Gobernación de Carabobo están siendo víctimas de amenazas y amedrentamiento, por parte de sus jefes inmediatos, por no haber votado en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado domingo 30 de julio.

El mayor amedrentamiento lo está sufriendo el personal de las secretarías de Cultura e Infraestructura, según denuncias formuladas ante el Sindicato Unico de Empleados Públicos de la Gobernación del Estado Carabobo.

Eso motivó a la presidenta de esa organización sindical, Lairet Figueroa, a enviar un oficio al gobernador , Gustavo Pulido, para que aplique los correctivos pertinentes.

En el escrito Figueroa le recuerda a Pulido, que el sufragio es un derecho, no una obligación y mucho menos una imposición. El ejercer o no el sufragio, es una decisión individual y forma parte de la libertad que tienen consagrada los venezolanos en el ordenamiento jurídico, donde tampoco existe penalidad por no ejercerlo.

La dirigente sindical expresa que es lamentable saber que hay autoridades de las Secretarías de Cultura e Infraestructura, entre otras, que intimidan a los trabajadores con la aplicación de castigos, o con acoso laboral al acusarlos de desleales o faltos de compromisos.

“Más grave aún, se les amenaza con abrirles procesos disciplinarios que acarrean destitución, sin el respeto al debido proceso; sólo por no haber participado en el proceso del 30J; este tipo de acciones constituyen una violación a los derechos laborales”.

Lairet Figueroa detalla que el reclamo es para acabar con la discriminación por razones políticas, y acatar lo establecido en el Artículo 21 de la LOTTT: “Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales. Los actos emanados de los infractores y de las infractoras serán írritos y penados de conformidad con las leyes que regulan la materia”.

 

 




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