La Corte Suprema de Estados Unidos validó este martes el decreto de Donald Trump que pone obstáculos al ingreso de ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes, pero su política de «tolerancia cero» fue suspendida por falta de espacio de detención para las familias que cruzan la frontera con México.

En medio de fuertes críticas, Trump tuvo que revocar la semana pasada una medida que buscaba frenar el ingreso de migrantes ilegales con sus hijos desde México, lo que derivó en la separación de más de 2.000 menores de sus padres.

Por cinco votos a cuatro, la corte consideró válida la tercera y última versión del decreto, que afecta a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen -mayoritariamente musulmanes- así como de Corea del Norte y de algunos funcionarios específicos de Venezuela.

Trump consideró como «un tremendo éxito y victoria» después de meses de «histéricos comentarios de los medios y políticos demócratas», a la vez que prometió defender «la soberanía y seguridad del pueblo estadounidense».

La versión aprobada del decreto aplica a unas 150 millones de personas, habitantes de los seis países, y es considerado «anti-musulmán» por sus críticos.

«En resumen, el lenguaje… es claro y el decreto no excede ningún límite de la autoridad del presidente», escribió el juez John Roberts. «El Estado presentó una justificación suficiente en términos de seguridad nacional», agregó.

El texto en cuestión es la tercera versión de un decreto que había provocado una ola de rechazo mundial luego de ser puesta abruptamente en vigor por la Casa Blanca el 27 de enero de 2017, una semana después de que Trump asumiera la presidencia.

– «Terroristas extranjeros» –

Durante una audiencia consagrada al texto en abril, los cuatro jueces progresistas del alto tribunal expresaron su preocupación por las acusaciones de que se trataba de una medida contra los musulmanes, cuando la constitución estadounidense prohíbe la discriminación religiosa.

«Un observador razonable concluiría que el decreto está motivado por un prejuicio antimusulmán», escribió por su parte la magistrada Sonia Sotomayor, en su argumentación en contra la resolución.

Trump justifica su decreto por necesidades de seguridad nacional, subrayando que busca impedir el ingreso de terroristas extranjeros, según su declaración.

Sin embargo, luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001, los ataques más graves en Estados Unidos fueron cometidos por estadounidenses o por personas que no provenían de los seis países afectados por el decreto.

Esta decisión se inscribirá en la Historia como uno de los más grandes errores de la Corte Suprema, estimó Omar Jadwatm, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU del inglés), que convocó a protestas frente al máximo tribunal.

Las protestas también se registraron en Nueva York y Los Ángeles, donde unas 200 personas -miembros de iglesias y asociaciones defensoras de los migrantes- protestaron contra la llegada del secretario de Justicia, Jeff Sessions.

«Dado que la inmigración atañe a la seguridad nacional y las relaciones con el exterior, los tribunales generalmente se pliegan al presidente sobre esta cuestión», afirmó Stephen Yale-Loehr, un académico especializado en temas migratorios.

«De hecho aunque el presidente no logre persuadir al Congreso para que financie el muro en la frontera mexicana, ha erigido un muro invisible para numerosos inmigrantes», opinó.

– Votación en la Cámara –

La tolerancia cero en la frontera estaba destinada a desalentar a los clandestinos, pero ante el escándalo provocado por las fotos de niños encerrados y en llanto, el presidente ordenó la semana pasada poner fin a la decisión de separarlos de sus familias.

Unos dos mil menores siguen alejados de sus familias, ante la confusión reinante sobre el calendario y los criterios para las eventuales reunificaciones.

Tres madres centroamericanas presentaron demandas separadas exigiendo reencontrarse con sus hijas, de quienes fueron apartadas al cruzar la frontera mexicana en busca de asilo.

La policía de fronteras (CBP) admitió el lunes que los procesamientos están momentáneamente suspendidos contra los inmigrantes que vienen con sus hijos, en ausencia de lugares para alojar a las familias, pero los adultos que viajen solos seguirán siendo detenidos, precisó.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, insistió que la política de tolerancia cero sigue vigente, al menos oficialmente.

«No cambiamos de política (…), simplemente carecemos de recursos», afirmó, luego de que la administración Trump apelara al Pentágono para albergar a los inmigrantes.

El Congreso permanecía el martes atascado en sus negociaciones. La cámara baja debe votar el miércoles sobre una reforma migratoria que pondría fin definitivamente a las separaciones, autorizando el mantenimiento de las familias inmigrantes en centros de retención durante el procedimiento judicial.

Pese a detentar la mayoría, los republicanos están lejos de asegurar el pasaje de esta vasta ley, en ausencia de un consenso entre sus alas conservadora y moderada.




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