Tres meses después de haber sido capturado por la Interpol, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente la solicitud de extradición activa del ciudadano venezolano Leonardo Enrique Díaz Paruta, a la República de Colombia, para que sea sometido en Venezuela al proceso que se instauró en su contra.

Díaz Paruta está sindicado de cometer presuntamente los delitos de corrupción pasiva simple y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 63 y 73 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.155 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014; legitimación de capitales y asociación, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Así lo señala la sentencia N° 030-2019 de la mencionada Sala del Máximo Juzgado venezolano, la cual además indica que se asume el firme compromiso ante el Gobierno de la República de Colombia, que dicho ciudadano será sometido a un proceso penal por la presunta comisión de los referidos delitos con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Agrega la decisión del TSJ, con ponencia de la magistrada Francia Coello González, que luego de analizar la documentación que consta en el expediente, se evidencia que, en el presente caso, además de verificarse todos los requisitos de procedencia, también se cumplen a cabalidad con los principios generales que rigen la institución de la extradición en la República Bolivariana de Venezuela.

Cuando Díaz Paruta fue detenido en Tunja, Colombia, en diciembre de 2018, las autoridades colombianas, indicaron que éste era solicitado por formar parte de la organización criminal del “Grupo Salazar” quien es solicitado por el principado de Andorra y de la República de Venezuela. Según los reportes, se determinó que el solicitado posee cuentas bancarias en Andorra, provenientes de actos de corrupción a través de Pdvsa. Es investigado por blanqueo de capitales por un monto global de 69.300 euros.

Leonardo Díaz Paruta, es señalado de ser intermediario con funcionarios para cesar investigaciones de bancos y empresas de este grupo delictivo a cambio de pagar 80.000 dólares americanos.

En esa oportunidad se informó que Venezuela tenía cinco días para hacer la legalización de la extradición de Díaz Paruta. El caso es considerado de trascendental, toda vez que supuestamente también blanqueaba activos de la policía venezolana.

Con nota de prensa del TSJ




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