Ilustración Javier Rodríguez
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El pasado reciente les recuerda. Se les podía ver en los estacionamientos o a la salida de centros comerciales: eran activistas con gorras y camisas con logos nuevos que nadie conocía. Pedían a la gente que firmara para cumplir con los requisitos y formar un partido político. Esa imagen podría ahora viralizarse en los próximos meses.

El camino está lleno de piedras y la oposición necesita zapatos especiales. No hay instituciones sólidas y 2016 fue prueba de ello. La última ocurrencia del Gobierno para enterrar el proceso de elecciones en Venezuela podría agregar una roca más grande y que nunca se ha visto: ilegalizar a los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Eso sería algo tremendamente grave”, cuestiona Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano.

La retórica chavista fue desmontada por el propio Gobierno. Desde hace 18 años su gran alarde fueron las elecciones. Hay democracia porque hay votaciones: ese era el eslogan. Pero el 20 de octubre de 2016 todo quedó reducido al polvo. Siete tribunales regionales anularon de manera arbitraria el proceso de recolección de firmas que tenía como finalidad activar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. “Desde ese momento se suspendió la democracia”, sentencia el director de la Organización No Gubernamental.

Fue un zarpazo a la institucionalidad. Tribunales penales no podían decidir sobre materia que, en todo caso, le corresponde primero al órgano electoral. Y en última instancia a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La oposición, agrupada en la MUD, fue desde sus inicios una alianza electoral, como dijo su secretario ejecutivo Jesús Torrealba. Pero ese día se quedaron sin estrategia política y electoral, reconoció esta semana en una entrevista en Unión Radio.

Si los antecedentes son de por sí desalentadores, lo que viene podría ser peor, apunta Lander. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un reglamento interno que restringe la condición de partidos legales a aquellos que se presenten en las elecciones anteriores y obtengan por lo menos 1% de la votación. El problema es que los partidos que, como coalición, integran la MUD no se presentaron en los últimos comicios —parlamentarias del 6 de diciembre de 2015— con su nombre propio, sino agrupados en la tarjeta unitaria, quedaron ilegalizados automáticamente. Allí el Gobierno tiene un punto clave para su siguiente jugada.

La unidad puede, paradójicamente, terminar siendo la condena de la oposición. Así lo han sugerido pesos pesados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como Francisco Ameliach. El gobernador de Carabobo dijo en su programa radial que la oposición no tiene partido, puesto que la MUD cometió un fraude electoral con las denuncias de supuesta usurpación de identidades durante el proceso de recolección de 1% de las firmas del Registro Electoral para el revocatorio.

Ameliach no ha sido el único. Varios jerarcas chavistas adoptaron el mismo discurso. El diputado de la AN, Diosdado Cabello, también utilizó la televisión pública nacional para refererirse a la ilegalización del partido MUD. “Ojo, escuálidos ustedes no tienen partido. Podemos ir a elecciones mañana mismo, pero igual ustedes no pueden ir porque ni siquiera tienen un partido. La MUD a pesar de estar registrada le hizo un fraude al país y eso los deja automáticamente afuera” dijo Cabello.

Los partidos que integran la Mesa están obligados a ir a un proceso de renovación para adquirir nuevamente su condición legal, explica Lander. Es la misma situación de partidos que tradicionalmente apoyaron el chavismo, como Tupamaro, Redes, Patria Para Todos (PPT). El problema es que ese proceso ya debió ser convocado. Pero el CNE mantiene un silencio preocupante.

Cuando se hace el registro de un partido lo que deben hacer sus promotores es sencillo: recoger un número determinado de firmas, en al menos 12 estados del país, de ciudadanos que apoyen la existencia de esa organización. Lo que el CNE quiere aplicar para este proceso de renovación que mayormente afecta a la Unidad, es la comprobación vía huellas dactilares (sistema biométrico) de la voluntad del electorado.

Es decir, si un elector firma en Aragua para relegitimar al partido Primero Justicia, ya no podrá hacerlo con Copei, como sucedía antes “en el más profundo sentido demócrata”. Lander explica que una persona solo podrá ayudar a que se legitime un partido por región para los gobernadores y alcaldes. “Lo que quiere hacer el CNE es que su plataforma tecnológica ahora se utilice como un mecanismo de control restrictivo”.

— ¿Significa que la mayoría opositora quedará sin representación?

—Se le dificulta la cosa. Por supuesto que habría mecanismos, pero mucho más tortuosos. Uno de ellos es la postulación independiente de candidatos, (sin partido político).

Pero sería un instrumento mucho más tortuoso. Porque mientras que un partido acude al CNE y simplemente postula un candidato, en las hipotéticas elecciones de gobernadores y alcaldes cada uno de los abanderados opositores tendría que buscar firmas y consignarlas para registrarse en la elección.

El caso venezolano tiene mucho parecido con el de Nicaragua, opina el analista. En Centroamérica, a través de mecanismos extrapolíticos, por la vía judicial y de tribunales, se le planteó una serie de dificultades a la oposición que le impidieron presentarse en las elecciones, a través del uso excesivo de mecanismos del Estado. “En Venezuela hemos sido testigos de muchas de esas cosas”.  La diferencia es que el colapso económico que no se vive en el país de Daniel Ortega, hizo que la reacción colectiva fuera menos incendiaria.

Una vez superados esos problemas, las implicaciones técnicas serían otra piedra en el camino. Lander se cuestiona si entonces las máquinas electorales serán suficientes, estarán dispuestas en los estados de manera idónea y los lapsos que el CNE disponga. Y si habrá tiempo para organizar primarias en la MUD. “Hay una diferencia entre lo que debería ser y lo que termina siendo”.

—¿Puede entonces el TSJ anular de manera imprevista e ilegalizar a la MUD?

—Nuevamente hay una distancia entre lo que debería ser y lo que termina siendo. El primero que debió pronunciarse por el supuesto fraude en la recolección del 1% era el CNE. Pero fueron los tribunales regionales de primera instancia. Si de manera intempestiva la Sala Electoral del TSJ, aludiendo la razón que sea, decide de un momento a otro ilegalizar a la MUD, sería una decisión que desafortunadamente no sorprendería demasiado.

 

—¿Cree que haya elecciones este año?

—Sobre si la suspensión de elecciones es una situación definitiva, esperamos que no. Porque de ser así, ya sería obvio que estamos en un régimen que no es democrático. ¿De qué depende eso? claramente no de la Constitución y lo que establece, por lo que hemos visto. Depende de la ciudadanía.

 

GOBERNADORES A DEDO

Ya van seis veces en las que el Gobierno se ha pasado “por donde no hay luz” la voluntad de los electores. Henrique Capriles, gobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial, fustigó la designación de Edwin Rojas como gobernador de Sucre, en sustitución de Luis Acuña. “Esto que estamos viendo reafirma que este Gobierno no quiere más elecciones. Hemos vuelto prácticamente al tiempo de la designación a dedo de gobernadores. Ya van seis: eso es inaceptable, esto atenta contra nosotros los venezolanos y la soberanía popular. Hoy el pueblo de Sucre debería estar pidiéndole cuentas al señor Acuña”.

Es un patrón reiterativo. Maduro designó el pasado 4 de enero a Tareck El Aissami, gobernador de Aragua, como vicepresidente ejecutivo. Ya había hecho lo mismo con Aristóbulo Istúriz, a quien llamó desde la gobernación de Anzoátegui en enero de 2016. “El pueblo es el que pone y el que quita, no es Maduro el que designa gobernadores”, criticó Capriles, quien exhortó duramente a sus compañeros opositores, incluso quienes ya se perfilan como precandidatos: “Tenemos que luchar porque haya elecciones este año; porque si no se nos irá el 2017 y en este país no habrán elecciones. Creo que esa debe ser la ruta política”.




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