El vicepresidente de Guatemala, Jafeth Cabrera, calificó este viernes como de mala señal que la Corte de Constitucionalidad decidiera eliminar la pena de muerte para cinco delitos.
«Para mí es una mañana señal, como que permitiéramos que la delincuencia siguiera abierta», manifestó Cabrera a preguntas de los periodistas.
El vicepresidente se mostró «de acuerdo» con este castigo y añadió que el Congreso es el que legisla y la Corte debe limitarse a dar «sus opiniones» y velar por el cumplimiento de la Constitución.
Dijo que aunque muchos estudios y expertos digan que la pena capital no es disuasoria, él, como médico, ha visto muchos «esquizofrénicos que no van a tener rehabilitación y que van a seguir matando».
El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte, sin embargo, en los últimos años no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.
En ese mismo inciso se regula que es el Congreso el que podrá «abolir» este castigo.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad, dada a conocer el jueves, declara inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en los delitos de parricidio, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente, al que se suma el de asesinato, cuya declaratoria se remonta a 2016.
«El mensaje que envían no es el mejor para el pueblo de Guatemala porque los delincuentes dicen que se siguen escudando porque no hay aplicaciones para que los condenen», resumió.
Como el Estado de Guatemala, que ejecutó por inyección letal a dos secuestradores en el año 2000 por última vez, no ha restablecido la plena vigencia de este recurso de gracia, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha conmutado la pena de muerte por la máxima pena de prisión a los reos que así lo han solicitado.
En lo que va de año, varios sectores se han posicionado a favor de reactivar este castigo argumentando que los últimos ataques armados y violentos no dejaban otra alternativa, y hasta se presentaron varias iniciativas de ley para tal propósito.
Amnistía Internacional (AI), una organización que desde 1977 lucha para poner fin a las ejecuciones, dijo en su último informe que en 2016 se ejecutó a 1.032 personas en todo el mundo, sin contar China, donde estos datos están clasificados como «secretos de Estado».
Más de las dos terceras partes del mundo, 141 países, son abolicionistas en la ley o en la práctica.
En América solo Estados Unidos practicó ejecuciones el año pasado. Y en Centroamérica, una de las regiones más pobres y violentas del mundo, solo Guatemala tiene la pena de muerte «retenida» y El Salvador «abolida en la práctica». El resto la ha derogado.
