Se hicieron “elecciones” legislativas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020, no faltaba más. Los comicios que convocó el CNE adosado a Miraflores, nombrado a su vez por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado mes de junio, tuvieron lugar en la fecha estipulada, dentro de este territorio que una vez fue República, y según las reglas de la sargentada. A pesar del origen ilegal de la convocatoria y del rechazo de casi todas las democracias del mundo, el chavismo se plantó en sus talones y llamó a votar. Al mismo tiempo que se cuadraban las fechas y se organizaba el sarao, el CNE pret a porter del régimen le cumplió a sus jefes con el encargo de aumentar los diputados de 167 hasta 277, en una movida que probablemente busca, entre otras cosas, distanciar lo más posible a la Asamblea 2020 de la elegida en 2015. Y para completar la faena, el TSJ secuestró a casi todos los partidos de la oposición –incluyendo a los históricos AD y Copei- y les nombró sus directivas obedientes y bien portadas para que en el futuro se entiendan con el chavismo y le consulten antes de salir por allí a hacer oposición. A esta ocupación se sumaron varios miembros de la tolda opositora –alacranes y otros bichos de uña- que aceptaron ser cabecillas de los partidos robados o fundaron sus propios movimientos políticos para facilitarle el juego a los rojos.
Según las cifras oficiales, votaron 6,2 millones de electores, o el 30.1% del padrón electoral de 20,7 millones de inscritos. Algunos voceros de la oposición estimaron que los votantes fueron 2,7 millones, con una abstención del 87%, mientras que otras fuentes hablan de unos 3,7 millones de votos totales y 82% de abstención. Entre una y otra cifra, se estima que el régimen, a través de su ministerio de elecciones, se habría inventado entre 2,5 y 3,5 millones de votos, lo cual resulta discreto después de lo visto en 2017 y 2018, cuando se sacaron del sombrero cifras mucho más abultadas. En todo caso, la abstención superior al 80% (por principio, no se pueden creer las cifras del CNE, y menos aún con las imágenes de los centros de votación desiertos) convierte a estas elecciones en una derrota aplastante para el chavismo, similar a la que sufrió en 2005 cuando la abstención estuvo entre el 82 y el 85%.
Como era de esperarse, el polo patriótico rojito –básicamente el Psuv y sus apéndices- se alzó con el 69% de los votos, 4,3 millones, lo que le significó quedarse con 253 escaños del total de 277. El régimen cuenta entonces con el 91% de los diputados a la Asamblea, lo que le brindará la excusa –si es que necesitaba alguna- para seguir haciendo lo que le dé la gana. El resto de los asientos en la AN fueron para los nuevos AD y Copei nombrados por el régimen, y para otros grupos minoritarios. Como parte del folklore, Timoteo Zambrano y Luis Parra –antiguos opositores devenidos en cooperantes del régimen- quedaron electos mediante unos movimientos de última hora del CNE, porque parece que los números no les alcanzaban. Y faltan por elegirse los 3 escaños indígenas.
Al día siguiente del montaje electoral del chavismo, comenzó la consulta convocada por la oposición, la ciudadanía, el gobierno interino o quién sea que forma la vanguardia y la organización de este evento. Si la participación es nutrida, a pesar de la pandemia y de la situación social del país (el voto digital facilita mucho las cosas), la consulta sería un segundo punto en contra de la dictadura que, sumado a la abstención en las parlamentarias, le daría al liderazgo opositor un argumento que ya se conoce de sobra, pero cuantificado: mientras el chavismo no llegó a convocar ni al 20% del electorado, la ciudadanía organizada sacó ¿8, 10, 12? millones de votos a favor del cese de la usurpación.
La pregunta inevitable sigue siendo la de siempre ¿quién, cómo, cuándo, dónde y para qué se van a usar las cifras? La movilización de la gente tiene que tener una continuidad, porque no vale sacar unos videos y unas pancartas con los números sin ir más allá ¿Y qué significa ir más allá? Lograr que suceda lo que aprobó la ciudadanía con su participación. ¿Y a quién le tocaría llegar más allá? Para empezar, a los mismos que organizaron y promovieron la consulta, acompañados de su renovado poder de convocatoria y de su estrategia.
