16 agosto 2013

Ambigüedades en la VII contratación colectiva de educadores

El Frente de Educadores Jubilados condenó la ambigüedad de cláusulas presentes en el proyecto de la VII convención colectiva de los trabajadores de la educación 2013-2015, así como la presencia de otros 10 puntos relacionados con la orientación política, ideológica y filosófica del proyecto educativo nacional. 

Teodomiro Aguilar, vocero del Frente de Educadores Jubilados, aseguró desde Maracay que en el proyecto hay cláusulas en las que “se metió gato por liebre y nosotros no somos eunucos racionales”. 

El vocero sostuvo que desde la definición de la contratación colectiva establecida en el artículo 431 de la Ley Orgánica del Trabajo, es el convenio con el patrono para mejorar condiciones sociales y económicas de los trabajadores. Dijo que entre las cláusulas relacionadas con la orientación política, ideológica y filosófica está la creación del Estado Docente Comunal, la Escuela Social Comunitaria como ambiente de seguridad y la Resolución 058 sobre la cual no ha habido pronunciamiento del TSJ. “No nos negamos a discutir esos aspectos, pero no en el marco del contrato colectivo”. Agregó que 9 representantes de los educadores e igual número por parte del Gobierno nacional decidan los aspectos planteados. 

Aguilar enfatizó que se debe discutir con claridad lo referente al aumento salarial con carácter de emergencia, para que se concrete el 160 por ciento en dos años de vigencia de la contratación. 

Entre lo que considera como ambigüedades de la contratación, destacó el pago de las prestaciones sociales porque establece que debe cumplir el artículo 92 de la Constitución Nacional así como el 141, 142 y 143 de la LOTT. “Es el mismo contenido que la contratación de 1984 que deja a libre albedrío del Estado el pago”. Acotó que son 42 mil educadores en todo el país que desde hace 7 años esperan la cancelación del beneficio. Citó además la cláusula relacionada con el HCM. Se establece la obligación del Min-Educacion con Ipasme que lo calificó como un “rancho de la salud”, mientras que en materia de vivienda y educación continúan las ambigüedades. (MAA)




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