La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo hoy en una intervención telefónica ante la Asamblea Extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), en Buenos Aires, que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) obstaculiza la investigación de casos como el de Odebrecht.
En su declaración ante colegas de 17 países de Iberoamérica, Ortega, que está sometida a un proceso de enjuiciamiento impulsado desde el oficialismo, explicó que la última sentencia del (TSJ) impide la acción penal del Ministerio Público en causas como en la que se investigan los presuntos sobornos pagados en el país por la constructora brasileña Odebrecht.
La sentencia, aprobada el pasado miércoles, acuerda de oficio la medida cautelar referida a que toda persona investigada por la presunta comisión de algún hecho punible o aprehendido en flagrancia obtendrá la condición de imputado(a) una vez haya sido informado por parte del Ministerio Público ante su defensor de confianza o público si no lo tuviere.
«El día de ayer se le quitó la facultad al Ministerio Público (MP) de poder imputar. La Constitución y la Ley establecen que quien imputa es el MP en nuestras propias sedes. Ahora resulta que esa atribución tiene que hacerla el MP frente a un juez, como una forma de obstaculizar el ejercicio de la acción penal», expresó Ortega.
La fiscal resaltó que citaron recientemente a una serie de personas para imputarlas por el caso de Odebrecht, y que fue tras esa solicitud cuando el TSJ dictó la sentencia, de forma que el MP no puede ejercer la persecución penal contra aquellas personas involucradas en el caso» que afectó para la fiscal «a toda la región.
En diciembre de 2016, Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba pagos de coimas por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África.
La empresa constructora llevaba adelante varias de las obras planificadas por el Gobierno de Nicolás Maduro para la construcción de nuevas líneas del Metro de Caracas, que depende del Ministerio de Transporte, y que no fueron concluidas.
Es así que el pasado 12 de julio el MP informó que citó en calidad de imputadas a dos mujeres vinculadas al exministro de Transporte y Obras Públicas Haiman el Troudi por su supuesta responsabilidad en casos de corrupción de la constructora.
Los procuradores agrupados en la Aiamp iniciaron este jueves una reunión para analizar la situación de su colega venezolana.
«Se me prohibió la salida del país. Se me congelaron mis cuentas», señaló la procuradora, que desde hace tiempo es una de las voces institucionales más críticas contra el Gobierno de Nicolás Maduro y contra el Tribunal Supremo, que algunos sectores acusan de sumisión al presidente.
No obstante, esa posición le ha valido procesos legales en su contra con el argumento de que ha cometido faltas graves y el desarrollo de un antejuicio de mérito.
Ortega añadió en su intervención que esta asamblea extraordinaria debe servir para llegar a un consenso entre los países para asegurar la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos.
«La sociedad aspira a tener seguridad jurídica, que son las leyes las que regulan los procedimientos penales que se van a aplicar, no que sorpresivamente sean creadas nuevas formas de enjuiciamiento», concluyó.
