En un comunicado divulgado este viernes, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, condenó la «violencia política» del 4 de agosto, pero lamentó que «la respuesta del gobierno venezolano a este incidente ha sido detener arbitrariamente a algunas personas y no seguir el debido proceso».

«Además, ha habido violaciones de la inmunidad parlamentaria, que está protegida por la Constitución de Venezuela. Estados Unidos condena el presunto uso de la tortura para obtener confesiones», señala el texto.

Por los polémicos hechos, 14 personas han sido arrestadas en Venezuela, incluido el diputado opositor Juan Requesens, el general de la Guardia Nacional Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano.

Además, la máxima corte ordenó la captura y pidió la extradición del legislador opositor Julio Borges y de la destituida fiscal Luisa Ortega, ambos exiliados en Colombia.

«Que los políticos aliados con los intereses del gobierno estadounidense cometan delitos no los convierte en presos políticos, sino en criminales y la justicia venezolana continuará luchando contra la impunidad», advirtió la cancillería venezolana.

Por su parte el gobierno de Venezuela rechazó este viernes los cuestionamientos de Estados Unidos a las investigaciones por el presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto.

Washington «minimiza (…) la gravedad de los hechos y levanta falsas acusaciones contra los procesos judiciales venezolanos en abierto desconocimiento de nuestras leyes», señalo la cancillería en un comunicado.

El gobierno reiteró su tesis de que el ataque con dos drones cargados de explosivos, cerca de la tarima donde Maduro daba un discurso durante un desfile militar, fue «planificado y ejecutado desde el territorio estadounidense».

Las «cínicas acusaciones» de la Casa Blanca buscan «interferir» en la política del país petrolero y favorecer «al grupo político que promueve la desestabilización y la violencia en el país». AFP



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