Los traslados desde la entidad porteña están sujetos a la disponibilidad en los penales. (Foto Archivo/El Carabobeño)
Litzy Sanz Nava || lsanz@el-carabobeno.com
En los retenes operativos en las sedes de los cuerpos policiales y judiciales del municipio Puerto Cabello permanecen aproximadamente unos 216 presos en espacios concebidos para la permanencia temporal de 90 procesados en espera de su ingreso a los internados judiciales destinados a la población penal según lo dicta la normativa legal que rige a este sector.
El hacinamiento y la prolongada permanencia priva en unos espacios que pese a contar con una capacidad para mantener a 80 reclusos registran un universo penal superior a los 150 hombres y mujeres, que desconocen el tiempo exacto que permanecerán allí, dependiendo del proceso que se ejecuta en su contra. Otras dependencias como las coordinaciones policiales no deberían mantener en sus instalaciones personas privadas de libertad, aun sí su población penal supera los 30 reos.
Wilma Hernández, defensora Pública Penal en la jurisdicción porteña, en declaraciones ofrecidas sobre la situación de los retenes, tras reconocer las irregularidades anunció la puesta en práctica de un plan de inspección que busca mostrar los problemas existentes en estos espacios con la intención de darle solución.
De esta sobrepoblación en las cárceles porteñas es señalada como responsable la situación de los internados judiciales del país que, desde hace meses, se declararon incapaces de albergar a un reo más.
Fuentes ligadas a los cuerpos de seguridad en la zona aclararon que uno de los principales problemas que enfrentan sus retenes es la imposibilidad de trasladar a sus respectivos reclusos hacia instalaciones como el Internado Judicial Carabobo, conocido como Cárcel de Tocuyito, por la falta de cupos para esos ingresos.
La funcionaria a cargo de la Defensoría Pública en Puerto Cabello no negó esta situación. Pero aclaró que tanto el ente al que pertenece como todos los adscritos al Ministerio de Justicia y al MIN de Servicios Penitenciarios, se buscan alternativas en beneficio de toda la población penal.
La medida trajo consigo que algunos entes judiciales como el Cicpc habilitaran, con carácter de urgencia, espacios que en otrora estaban destinados al almacenaje de equipos, parque de armas u otros fines.
Fuentes ligadas a la subdelegación porteña del ente detectivesco indicaron que el retén local cuenta con una dimensión de 4×6 metros cuadrados. En ese espacio permanecen más de 20 personas detenidas, citó la fuente.
ONG cargadas de buenas intenciones
Además de los cambios que en materia de custodia han sufrido los entes de seguridad para la permanencia de reclusos en estos recintos, dos organizaciones no gubernamentales destinadas a la defensa de los derechos humanos, una de ellas recién constituida, afianzaron entre lunes y martes, su compromiso de velar en la jurisdicción porteña por las condiciones en que se encuentran estos recintos carcelarios que desde hace años perdieron su carácter temporal, según lo aseguraron abogados defensores privados y familiares de algunos reclusos.
Para este 66 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos, que celebra hoy miércoles 10 de diciembre, los miembros de las referidas fundaciones asumieron como reto concentrar sus esfuerzos en contribuir con el Ministerio para el Servicio Penitenciario en Venezuela, para la creación de alternativas que minimicen el impacto ocasionado en la población penal situaciones como el hacinamiento, el control de las cárceles a manos de delincuentes y otros.
Alfredo Tovar, recién juramentado como presidente del a Fundación Nacional de los Derechos Humanos (Fundeh), afirmó durante el acto de compromiso para los directivos de la ONG, que las situación de las cárceles venezolanas, debe revisarse y trabajar por la consolidación de un plan que reeduque y reinserte a la sociedad a los privados de libertad.
Entre los primeros retos que tiene Fundeh se destaca la creación de un proyecto para mejorar la situación carcelaria que evite la salida de un recluso con una actitud aún más violenta que con la que ingresó al recinto penitenciario.
Los derechos humanos no se negocian
Oswaldo Vargas, presidente de la Fundación Nacional Justicia y Defensa de los Derechos Humanos parte de la premisa de que estos derechos no son negociables pero no es lo que se evidencia en las cárceles venezolanas, donde a diario se presentan violaciones en todos los sentidos tanto de los privados de libertad como en su contra.
Para esta fundación son preocupantes los hechos acontecidos en los últimos meses en los centros de retención como los más de 30 reos muerto envenenados por el “coctel de la muerte” en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, por lo que hacen un llamado a los funcionarios públicos que les compete esta área como la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez; la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, para que respeten los derechos humanos y se aboquen a terminar con las mafias y negocios que corroen estos espacios.
