El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, estima que reiniciar clases presenciales en las actuales condiciones en las que se encuentran las universidades venezolanas, impide garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas ante la COVID-19, y cumplir a cabalidad los objetivos de la enseñanza.
Considera que la falta de servicios básicos como el agua potable en espacios universitarios, el desmantelamiento del que han sido víctimas las instituciones educativas y la escasez de transporte y de combustible para vehículos particulares, son los principales factores que hacen inviable la reincorporación de forma presencial en la fecha anunciada por el presidente Maduro.
Sin agua ni presupuesto para equipos de bioseguridad y productos de limpieza
De acuerdo a un estudio realizado por el observatorio, en todas las facultades que conforman el núcleo central de la Universidad de Carabobo, no hay servicio de agua potable desde hace cuatro años, según información suministrada por la profesora Giannina Fusco, coordinadora del proyecto de extensión Visibilización y Educación de los Derechos Humanos (DD.HH.).
Fusco también informó al Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), que el último piso del edificio donde funciona la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta universidad, está clausurado debido a la imposibilidad de limpiar el excremento de murciélagos por falta de agua y de productos de limpieza.
En la Universidad de Los Andes (ULA), la mayoría de los baños de facultades, núcleos y extensiones en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, están inhabilitados por falta de productos de limpieza para mantener su aseo, así como por el robo de inodoros, lavamanos y otras piezas que no se pueden reponer debido a la asfixia presupuestaria impuesta a las universidades desde el año 2009. Esta situación se repite en todas las instituciones públicas de educación superior del país.
Las universidades no tienen recursos para adquirir equipos y suministros de bioseguridad indispensables para prevenir el contagio de la COVID-19. El presupuesto asignado a las universidades autónomas por la Oficina de Planificación del Sector Universitario para este 2021, no supera el 3% de lo solicitado, en el mejor de los casos.
A la Universidad Simón Bolívar le aprobaron el 0,4% de los recursos solicitados, mientras que a la Universidad Central de Venezuela le fue aprobado el 2,27% del presupuesto solicitado. La Universidad de Los Andes recibirá durante este año menos de un dólar por estudiante, según cálculos del Rector Mario Bonucci dados a conocer en diciembre de 2020.
Desmantelamiento de espacios para la enseñanza
El observatorio también señala que más de 250 robos, hurtos, invasiones y distintos actos de vandalismo se han registrado en espacios universitarios durante la cuarentena por COVID-19 en Venezuela. Estos hechos delictivos, que en su mayoría permanecen impunes, han causado la pérdida de equipos y materiales indispensables para la enseñanza universitaria, los cuales son imposibles de reponer debido a la ya referida falta de presupuesto.
La Universidad de Oriente ha sido la institución más afectada por la delincuencia desde que comenzó la cuarentena. Desde marzo de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021, el ODH-ULA contabilizó 81 hechos delictivos cometidos solo en esa institución, es decir, más de ocho por mes. Otras 11 universidades del país han sido víctimas del hampa y la delincuencia durante la cuarentena.
Lo que los delincuentes han robado, hurtado, dañado o destruido en las universidades venezolanas, forman parte de los recursos materiales indispensables para dictar clases presenciales, desde mobiliario para las aulas hasta equipos y materiales de laboratorios, así como libros, piezas para el funcionamiento de servicios básicos, papelería, equipos de computación y partes de las infraestructuras universitarias.
Sin transporte ni gasolina
Las dificultades para el traslado hasta los espacios universitarios es otro factor que impide un regreso a clases presenciales en las actuales circunstancias. La disminución del transporte público en todos los estados del país y las limitaciones en el acceso a combustible para vehículos particulares de docentes, trabajadores y estudiantes dificultan la asistencia presencial.
La mayoría de unidades de transporte para cubrir las rutas estudiantiles se encuentran paralizadas, debido a la falta de presupuesto para mantenerlas y al constante robo de sus piezas.
El costo del transporte público, cuyo precio mínimo del pasaje está fijado en 100.000 bolívares en todo el país, es impagable para profesores y trabajadores universitarios, cuyo salario máximo no supera actualmente los 5 dólares mensuales. La escasez de gasolina subsidiada, la única que podrían pagar los universitarios, es otra limitante en este aspecto.
Por todo lo expuesto, el ODH-ULA insta al Estado venezolano a garantizar las condiciones mínimas de infraestructura, transporte y salud ante la pandemia, que permitan la realización de clases presenciales en las universidades públicas del país.
Con nota de prensa
