López se encuentra preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde el pasado 18 de febrero. (Foto Archivo)
EFE
La alianza opositora de Venezuela pidió este sábado al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, interceder a favor Leopoldo López, una vez que la justicia nacional negó la recomendación de excarcelación que le hizo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del organismo internacional.
«El Poder Judicial en Venezuela no ofrece garantías de independencia. La politización de la justicia (…) se ha traducido en sanciones injustificadas constantemente impuestas a dirigentes de oposición», dijo el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, en una carta a Ban Ki-moon.
López está preso desde el pasado 18 de febrero en una cárcel militar a las afueras de Caracas y afronta un juicio por instigación pública, asociación para delinquir, daños e incendio por los hechos de violencia registrados en Caracas seis días antes.
Nicolás Maduro lo acusó poco después de buscar su salida de la Presidencia mediante la violencia, afirmación que el líder del partido Voluntad Popular (VP) siempre ha negado.
El tribunal caraqueño que negó la recomendación que el pasado 9 de octubre le hizo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU tiene previsto continuar el juicio en contra del líder opositor el próximo martes.
López se negó a acudir a las audiencias en las tres oportunidades anteriores a la espera de que la jueza emitiera un pronunciamiento precisamente sobre la resolución del grupo de la ONU, lo que finalmente ocurrió el pasado jueves.
El Gobierno de Maduro ha hecho «méritos suficientes para ser considerado un régimen con profundo desprecio por los derechos humanos, pero ahora, con esta negativa a cumplir la exhortación de este comité de la ONU, alcanza una certificación internacional como violador de derechos humanos», remarcó el titular de la plataforma opositora nacional.
Torrealba añade en su carta a Ban Ki-moon que el tribunal que enjuicia a López negó la recomendación de la ONU «aduciendo que Venezuela es un país soberano, que no acepta injerencia en sus asuntos internos y que el pedido no es de obligatorio cumplimiento».
Es decir, concluyó Torrealba en su misiva, «este desconocimiento supone negar la protección de los derechos humanos que lleva a cabo la ONU mediante diversos órganos y mecanismos».
