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Dayrí Blanco

 

Las captahuellas están llenas de mitos. Un desvío inconsulto
e ilegal de recursos está haciendo posible su instalación en todo el país. Una
de las más grandes mentiras que rodea a este mecanismo de control de compra de
productos regulados es que está siendo pagado por el Estado. “Es una farsa
que el ministerio de Alimentación las entregue en los establecimientos
gratuitamente”, exclamó sin titubear Damiano Del Vescovo, presidente de
Fedecámaras Carabobo. Son las empresas las que asumen el costo a través de lo
que aportan al Ejecutivo mediante el fondo de la Ley Orgánica de Ciencia y
Tecnología (Locyt).

De ahí se están financiando los mil dólares que cuesta cada
máquina por la que de manera obligatoria deben pasar Maryorie antes de ir a su
oficina por dos kilos de azúcar, Johan al dejar de almorzar por comprar un par
de harina de maíz, y Sarahi al salir de la universidad por dos paquetes de
toallas sanitarias. Según la Locyt, las empresas deben aportar el 1% de su
facturación anual a un fondo especial. “Parece poco pero es bastante
dinero”.

El dinero que en teoría debe emplearse para la inversión en
tecnología industrial se está usando para eso. Para tratar de evitar la reventa
descontrolada y a sobreprecio. Pero están agudizando el problema. Las colas en
los comercios ahora son más largas y duraderas. Esta realidad delata un segundo
mito. “El caos es mayor desde que llegaron estas máquinas”, dijo
Rocío Fuenmayor, cajera de un supermercado de Valencia.

Por ser el Ejecutivo el administrador absoluto de las
divisas que ingresan al país desde 2003, la tasa fijada para la importación de
los dispositivos se hace a 6,3 bolívares. Los números de Fedecámaras coinciden
con los de Cavidea. Mil dólares es el costo de cada máquina, por lo que la instalación
del sistema en cada establecimiento varía de acuerdo al número de cajas
disponibles.

Enrique Naime, experto electoral que fue representante de
Copei ante el CNE en varios comicios, también tiene sus cifras. 300 millones de
dólares se están invirtiendo en 10 mil captahuellas en todo el país. Es un
monto más elevado que incluye el software y el primer mantenimiento.

 

Máquinas aisladas

El ingeniero reveló otra mentira sobre la que se funda este
mecanismo de control. “Las máquinas aún no están interconectadas”. Es
posible comprar en un día en tres supermercados distintos de la ciudad los
mismos productos. Esto tumba la hipótesis del bloqueo automático en todo el
país al momento de adquirir algún artículo regulado en determinado comercio.
“De lo contrario se dejaría de implementar la programación por número de
cédula”.

Pero si se realizara la conexión nacional de las máquinas su
funcionamiento, tal como se espera, tampoco sería posible. La banda ancha de
Cantv no está en las condiciones de soportar tantos datos moviéndose en su
plataforma al mismo tiempo, según Naime, quien insistió en que, por ahora,
estás máquinas son solo acumuladoras de datos.

La operatividad en el tiempo de las captahuellas es
cuestionable. El lector tiene una vida útil de 10 mil usos. A partir de ese
momento se debe cambiar el espejo de la óptica. Es un repuesto importado para
el que se requiere de divisas de las que se prescinde en la actualidad en el
país.

 

Exclusión al comprar

También son refutables las exclusiones del sistema
biométrico. Los extranjeros que no están incluidos en la base de datos del CNE
no pueden adquirir productos básicos. El filtro del dispositivo lector de
huellas se los impide. Personas de la tercera edad también se han visto
afectadas. Difícilmente sus dactilares son procesadas.

El supervisor de un supermercado señaló que este control
afectará a quienes tienen restaurantes y otros comercios similares, será un
gran impacto, no podrán comprar lo que requieran para sus negocios y
probablemente tendrán que cerrar porque en el país ya no existen mayoristas.




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