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La oferta en el arrendamiento de viviendas cayó alrededor del 95%. (Foto Archivo/El Carabobeño)

Dayrí Blanco

Comprar una vivienda ya no es una prioridad. Es una aspiración que pasó a los últimos lugares de la lista de metas de los valencianos. Su incapacidad de ahorro así lo ha determinado. Los precios de los inmuebles residenciales no entran en el presupuesto de quienes solo cuentan con 500 mil bolívares que les aprueba el Estado por crédito habitacional, en un mercado en el que un apartamento promedio de dos habitaciones y dos baños en 70 metros cuadrados está por encima de los tres millones de bolívares.

El inmueble más económico que se puede adquirir cuesta un millón 200 mil bolívares, a través del plan gubernamental 0800mihogar. Se trata de 63 metros cuadrados que pocos pueden pagar, tomando en cuenta el diferencial de 700 mil bolívares que deben tener para sumárselos a los 500 mil que por ley el Ejecutivo financia. Quienes ganan mensualmente cuatro mil 152 bolívares correspondientes al salario mínimo en Venezuela, deben reunir su sueldo de 14 años de trabajo para poder contar con los 700 mil que necesitan para adquirir la vivienda más barata que se ofrece en Venezuela.

La oferta de proyectos de viviendas permisados en Valencia, Naguanagua, San Diego, Guacara, Los Guayos y Libertador, ha registrado una caída del 70% desde el 2010, año en el que se ejecutaron 12 mil 200 unidades entre esos seis municipios. En 2011 esa cifra cayó a cuatro mil 899; y en 2012 el número de construcciones residenciales fue de dos mil 656.

Problemas de escasez e inflación

Salomón Muci Matta, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, detalló que el aumento de la inflación, la devaluación de la moneda y la escasez de insumos para la construcción, han causado que los precios suban de una manera desmedida. A eso se le suma que la capacidad de ahorro del venezolano no es la mejor.

El sistema para la edificación de viviendas se encareció con la eliminación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que prohíbe hacer ajustes en los precios de los inmuebles durante su ejecución. Ahora los precios tienen que ser proyectados al tiempo de entrega de la obra. Además, nadie puede aventurarse en un plan de construcción con la falla de insumos que existe, porque la Ley de Estafa Inmobiliaria, penaliza al constructor que no cumpla con sus tiempos, y en un país con tan elevados índices de escasez se dificulta culminar según la meta planteada.

Metas no se cumplirán

El Gobierno nacional instó al sector privado a construir a la empresa privada durante el 2014, 80 mil viviendas en todo el país. Con un esfuerzo sin precedentes solo podrán llegar a un 20% del objetivo planteado. Serán entre 15 y 17 mil unidades habitacionales las que se edifiquen.

El sector público tampoco podrá alcanzar su propia meta. Se había establecido alrededor de unas 400 mil viviendas. Durante el primer semestre cumplieron solo con el 12% de esa cifra. No pudieron llegar a las 50 mil unidades. La proyección de la Cámara Inmobiliaria al cierre del 2014 es que empresas del Estado, levanten menos de cien mil casas. El año pasado apenas lograron rebasar el 50% de la meta.

Sin ofertas de alquileres

La vivienda en alquiler hasta el 2011, cuando entró en vigencia la nueva Ley de Arrendamiento, era una alternativa transitoria mientras la familia compraba una propia. Representaba en el país un 20% de las soluciones habitacionales.

La oferta en el arrendamiento de viviendas cayó alrededor del 95%. Es una oferta prácticamente inexistente. Los mecanismos que estableció la ley para poder alquilar, la cantidad de regulaciones, su desbalance entre arrendador y arrendatario, y la rentabilidad que ofrece son elementos nada atractivos para que se incentive la oferta de arrendamiento

Sin embargo, hay algunas unidades disponibles en el mercado. Pero su precio es el problema. Se necesitan al menos 24 mil bolívares, casi seis salarios mínimos, para cumplir las exigencias del arrendador, entre adelantos, trámites legales y un depósito de garantía que debe darse. Todo no termina ahí. Mensualmente, el inquilino deberá cancelar un salario mínimo y la tercera parte de otro para contar con un techo dónde dormir.




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