Illarramendi trabajó durante un tiempo como asesor para la petrolera venezolana. (Foto Archivo)
AP
Casi cuatro años después de confesar que organizó una gran trama de fraude, se espera que un ex financiero venezolano reciba su sentencia en un caso instruido en Connecticut y que tuvo su principal efecto en Venezuela, donde Pdvsa tenía cientos de millones invertidos con el acusado.
Francisco Illarramendi se declaró culpable en marzo de 2011 de varios delitos de fraude y conspiración para obstruir a la justicia.
La fiscalía alega que como director de varios fondos de inversión en Stamford, Illarramendi mintió de forma reiterada a inversionistas y acreedores cuando trataba de cubrir unas pérdidas en inversiones que alcanzaron los 500.000 millones de dólares, quedándose 20 millones de dólares entre los que había 5 millones dedicados a comprar una lujosa casa en New Canaan. Un albacea nombrado por un tribunal recuperó buena parte del dinero, pero los fiscales estiman que las pérdidas aún superan los 200 millones de dólares.
La fiscalía pidió al juez Stefan Underhill, de Bridgeport, que sentenciara a Illarramendi a al menos 12 años de prisión el jueves. El financiero alegró que no merece más de seis meses de arresto domiciliario además del tiempo que ya pasó en la cárcel. En un principio salió libre bajo fianza, pero Underhill ordenó que se le confinara después de que el tribunal descubriera en enero de 2013 que se había gastado una devolución de impuestos sin informar de ello.
Illarramendi, de 45 años e hijo de un ex diplomático venezolano, ha vivido en Estados Unidos durante años y se familiarizó con los mercados financieros latinoamericanos, trabajando durante un tiempo como asesor para la petrolera venezolana. Como parte del fraude, según los fiscales, Illarramendi pagó millones de dólares en sobornos a miembros del gobierno venezolano para recompensarles por dirigir el dinero de la empresa en su dirección para que lo invirtiera.
Las autoridades venezolanas han dicho que la estatal, Petróleos de Venezuela puso fin a un contrato con Francisco Illarramendi en 2004, un año antes de que comenzara la trama fraudulenta.
