Dayrí Blanco
La máxima autoridad electoral tuvo la última palabra. Con las totalizaciones en mano del proceso del 6 de diciembre avaladas por el CNE en cada circuito, las juntas regionales realizaron la proclamación de los 112 diputados electos por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el lapso establecido que no debe exceder las 72 horas a partir del cierre de las mesas. Y ese es el tiempo en el que las impugnaciones son posibles. Fuera de ese periodo la ilegalidad impera y, en el caso de los recursos admitidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 22 días después de los comicios parlamentarios, se produce un conflicto de poderes al ser cuestionado el tan defendido sistema electoral.
Blindado y autoauditable. Con esas palabras por más de 15 años desde el Gobierno nacional y sus partidos aliados se calificó el proceso automatizado de votación del país. Pero esta vez fue diferente pese al compromiso de aceptación de resultados que firmaron los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el resto de las organizaciones del Gran Polo Patriótico (GPP) en octubre de 2015.
“Ahora las autoridades del CNE y del TSJ deben ponerse de acuerdo. Es problema de ellos”, dijo Diego Borges, coordinador electoral de la MUD en Carabobo al asegurar que existe un conflicto de poderes entre ambas instituciones al oponerse una sobre la decisión de otra que gozó siempre del respaldo del Ejecutivo.
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