Ana Isabel Laguna || @anaisabellaguna
Empieza un nuevo tiempo político en Venezuela, coinciden los analistas. Confluyen escenarios inéditos en el país: Por primera vez, en 17 años de revolución bolivariana, la oposición es mayoría. Ya un poder público importante no está en manos del Gobierno.La Asamblea Nacional, que este martes 5 de enero elige nueva directiva, conllevará a un reacomodo del mapa partidista,que obligaría al diálogo para la recuperación del país, según el sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, Ignacio Avalos.
Sin embargo, en lo que sería en los últimos días de sesiones extraordinarias de la AN el año pasado, el presidente saliente, Diosdado Cabello, instaló un Parlamento Comunal Nacional que consiste en establecer leyes a través de las comunas. Y días previos, la designación de la nueva Defensora Pública, Susana Barreiros y la juramentación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, un año antes de lo establecido en la ley.
Estrategias políticas vistas por opositores al gobierno de Nicolás Maduro como una forma de limitar la gestión de la nueva AN, cuyos dos tercios de mayoría opositora en teoría le atribuyen un gran poder. Esta “guerra de poderes” puede aplazar las urgentes soluciones que pide la economía venezolana, razones por las cuales votó la mayoría de los venezolanos, alertan los especialistas.
Para el abogado José Vicente Haro designar un parlamento comunal no es, constitucionalmente hablando, el problema principal. La designación de los 12 magistrados del TSJ, sí podría constituir una “tranca”.
“A pesar de contar con las 2/3 partes del parlamento, la oposición no podría revocar a los magistrados, en caso de una falta calificada, debido a que necesitaría de la aprobación del Poder Ciudadano, constituido por la Defensora pública, la Fiscal General de la República y Contralor”, explicó.
En caso contrario, que la oposición en el parlamento trate de sustituir al Defensor del Pueblo, la Fiscal General de la República o al Contralor, en caso que lo amerite, debe ser aprobada por el TSJ y el Consejo Nacional Electoral.
Desde el punto de vista de Haro, en caso que haya abuso de poderes la única propuesta que debe manejar la nueva AN es la de aplicar una Asamblea Constituyente para poder cambiar los poderes públicos. “Esa es una opción que ya debe estar planteada sobre la mesa”, alertó. También, aclaró que el parlamento que será instaurado este 5 de enero tiene la potestad de revocar cualquier tipo de ley, tanto Ordinarias como Orgánicas, al contar con la mayoría calificada.
Avalos considera que los últimos nombramientos a los que juega el actual Parlamento Nacional, a punto de terminar su período, no son convenientes frente al resultado electoral que se pronunció en contra de la actual composición política. “No me parece una medida prudente, no ayuda al clima que debe tener el país de ahora en adelante, en que debe prevalecer el diálogo. No es una buena señal”.
-Estas últimas decisiones de la actual AN violentan el sentido común democrático. El presidente de esta instancia, Diosdado Cabello ha dicho que es absolutamente legítimo, que esta instancia legisla hasta el último minuto. Seguramente es cierto, pero lo que no es cierto es que tenga sentido lógico, de la prudencia y de la lección del 6D”.
En 2010, la AN saliente (100% oficialista) siguió legislando hasta el 4 de enero, antes de que se instalara un Parlamento con apenas mayoría simple para el chavismo.Y en ese periodo aprobaron varias leyes orgánicas y una ley habilitante para el extinto Hugo Chávez.
POLITICA DE “LA BUENA”
Durante estos últimos 17 años no hubo necesidad de la política; teníamos un caudillo, con un petróleo a 140 dólares y el control oficial sobre todos los poderes. Pero, se nos cayó el petróleo, se nos cayó la economía. La gente se fija mucho en el aspecto económico y con razón. Ello se reflejó en el juicio que hizo la población en la selección de los nuevos parlamentarios. Ahora sí, es tiempo de la verdadera política, de los acuerdos, de pactos, en relación a muchas cosas para rescatar la nación, argumenta Ignacio Avalos.
Aún así, examina el analista que del lado de la oposición, se debe entender que este resultado fue un “voto castigo”. “Creo que la oposición todavía no tiene un relato que provoque la ilusión política de la gente. La oposición capitalizó el castigo a un gobierno muy incompetente. Ahora, este bando tiene el balón de su lado, espero que lo administre con humildad y haga del diálogo un elemento fundamental en la recuperación del país. Aquí salió derrotado el radicalismo; hay un chavismo moderado que entiende que en esta crisis o nos juntamos y hablamos o nos salimos”.
Avalos concuerda en que sería ilusorio pensar que la crisis se resolverá de la “noche a la mañana”; que con el nombramiento de una nueva AN se acabaron las colas para buscar medicamentos, comida y otros tantos productos que escasean.
El economista Francisco Contreras, refiere que se debe tener presente las funciones de la AN para evitar conclusiones erradas.
AN LIMITADA EN LA ECONOMIA
De acuerdo con la explicación de Contreras: El poder legislativo no administra el gasto público y la liquidez monetaria. Puede es controlar en caso de violación de la norma y esto también depende de otros poderes. El poder legislativo no formula, ni ejecuta el presupuesto fiscal, lo aprueba o no. Tampoco tiene responsabilidades de política económica, es atribución del Poder Ejecutivo. Su efectividad para luchar contra los males públicos entre ellos la inflación, la escasez es bastante limitada. Su control de gestión es “expost”, es decir después que se presenta un acto. Su atribución más importante es legislar.
-Exigirle al poder legislativo soluciones fuera de alcance es utópico, puede influir pero no más. Lo único que puede hacer, de hacerlo, es contribuir con la restitución de institucionalidad. Mi recomendación es enfocarse en la reinstitucionalización y legitimación de los otros poderes (autonomía, independencia y transitoriedad), mediante sus actuaciones de control y de formulación legislativa.
¿Y puede Maduro entorpecer ese poder de la oposición en el Parlamento? Quizá la forma más directa de reducir el poder de la AN es disolviéndola, medida que puede tomar el Presidente, según explicó para la BBC Mundo el constitucionalista José Vicente Haro. La Constitución prevé que si la AN aprueba 3 veces en el mismo período la remoción del vicepresidente, el presidente puede disolverla y habría que llamar a elecciones.
Y si Maduro decide disolver el Parlamento, el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo terminaría pasando por el TSJ.
Pero, más que disolverla, los voceros opositores han dicho que Maduro busca reducirle poder de la AN a través del TSJ.
De acuerdo con la Constitución venezolana, el presidente debe promulgar todas las leyes que aprueba la unicameral AN. Para ello tiene 10 días aunque puede, por un lado, devolverla pidiendo que se modifiquen algunos aspectos con el acuerdo del Consejo de Ministros. La mayoría absoluta de la AN decidirá sobre el asunto y la podrá mandar de vuelta al presidente, quien tendrá 5 días para promulgarla. O, por otra parte, cuando el presidente considere que la ley aprobada es inconstitucional, tiene potestad de “solicitar el pronunciamiento de la Sala Constitucional del TSJ” dentro de esos mismos 10 días. Es por eso, que el TSJ es clave en lo que pueda o no hacer la nueva AN.
Aunque según el constitucionalista José Vicente Haro, si bien la designación de los nuevos magistrados puede ser controversial en lo político, en lo legal está permitido. “No hay norma que diga que la AN no puede tomar sus decisiones cuando su mandato está próximo a vencer”.
Los analistas coinciden en que la nueva AN puede revocar estos nombramientos, pero tiene dos limitantes: Primero, necesita apoyo del Poder Ciudadano (Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Contraloría), institución al servicio del Ejecutivo. Y segundo: “La nueva AN puede revocarlos, pero haga lo que haga, cualquiera de sus acciones tendrá que ser aprobada por la misma Sala Constitucional que busca remover”, según Haro.
