El número de detenidos por este motivo superaría el centenar. (Foto Archivo/AFP)
EFE
La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió este viernes al Gobierno que revise las detenciones de sus ciudadanos en la frontera con Venezuela hechas por autoridades del país desde el pasado mayo para «evitar persecuciones injustas en la zona limítrofe».
La Defensoría explicó en un comunicado que ha solicitado a la Cancillería colombiana su intervención a través de un documento oficial.
Según la institución, el objetivo es «mitigar el impacto de las medidas anti contrabando en las comunidades» que habitan en esta zona fronteriza, vigilada con especial intensidad por la entrada y salida irregular de productos que allí se produce y que incluye alimentos de primera necesidad.
En la petición enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría indica que si bien la decisión de sancionar estas conductas corresponde a las autoridades venezolanas, «preocupa que no sólo se esté judicializando a los grandes contrabandistas, sino también a los ciudadanos que tradicionalmente han adquirido productos básicos para su consumo en el vecino país».
Por este motivo, el organismo solicitó a la Cancillería colombiana «adelantar las gestiones pertinentes ante las autoridades venezolanas para evitar que los habitantes ajenos a actividades criminales sean perseguidos penalmente por el normal desarrollo del intercambio comercial diario».
Asimismo, pidió a este ministerio que obtenga de las autoridades venezolanas el número exacto y la identidad de los colombianos detenidos en la zona fronteriza desde el pasado mayo a los que se les haya acusado de «contrabando de extracción».
Esta expresión se refiere a la exportación no declarada de bienes que en Venezuela se comercializan «a un precio sustancialmente inferior al del mercado colombiano». La Defensoría apunta que, según varios medios de comunicación colombianos, el número de detenidos por este motivo superaría el centenar.
